La sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional ha confirmado las dos sanciones de 600.000 euros a la armadora Bacamar, relacionada con la firma ourensana Frigoríficos Florindo, y la imposibilidad de obtener préstamos, subvenciones o ayudas públicas por un periodo de 7 años, así como la inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras por un periodo de 6 años.
La resolución responde al recurso contencioso-administrativo presentado por Bacamar tras las sanciones recibidas fruto de la Sparrow 2, una operación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que en 2018 se saldó con 8,2 millones de euros en multas por una supuesta trama de pesca ilegal creada por Bacamar SA, Frigoríficos Florindo e Hijos SL y Pesquera Piñeiro SL, cuyo puesto de administrador único de las recaía entonces en una misma persona según el BOE: Florindo Otero González.
Las tres firmas estaban acusadas de la explotación de los arrastreros Thunder y el Tchaw, el primero hundido en circunstancias sospechosas en Santo Tomé y Príncipe en 2015 cuando era perseguido por la organización ecologista Sea Shepherd y el segundo amarrado en Bouzas desde 2010.