Una nueva operación realizada en España, Portugal e Italia contra el furtivismo en la costa lusa se salda con siete firmas investigadas, ocho detenidos y 1,5 toneladas de almeja ilegal intervenidas. Y la Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos, Agade, dice basta. “Portugal tiene que ser garante del control de sus zonas pesqueras y de la emisión documental. Bruselas debe de poner freno a un desmán en sus zonas de producción y atender una problemática interna en vez de dirigir los focos a los operadores comunitarios”, censura el presidente de la patronal, Tito Fariña.
La operación fue coordinada por la Europol y en ella participó la Guardia Civil. Se realizaron varios registros simultáneos en España (en cuatro depuradoras en Pontevedra y una en Bilbao), Portugal e Italia. El molusco procedía de la zona del Tajo, donde ya en 2018 fueron identificadas 430 extranjeros y 215 portugueses trabajando de forma ilegal.
Los arrestados están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, blanqueo de capitales, falsedad documental, delito fiscal y contra la salud. Igualmente, se incautaron 120.000 euros, 25 vehículos, 12 barcos y otros equipos de pesca, informáticos y documentación fiscal y bancaria.
Según la Guardia Civil, los bivalvos eran comprados por depuradoras españolas, amparada con documentos falsos y vendidas luego y exportadas a otros países de la UE sin haber pasado por el sistema de descontaminación obligatorio.
La actividad se sustentaba sobre la ocultación a la administración tributaria de transacciones, estimadas en alrededor de 5 millones de euros. Además de defraudar a Portugal en impuestos como el IVA, la red obtenía importantes ventajas patrimoniales.
Las diligencias están siendo instruidas por el juzgado número 4 de Cambados provenientes de un auxilio judicial europeo de Portugal.