El tirón de orejas del comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, sirvió de poco: España sigue sin permitir a su flota palangrera vender el tiburón marrajo que captura legalmente y que se amontona desde el pasado verano. Casi medio mes después de la respuesta parlamentaria al eurodiputado gallego Francisco Millán Mon (PP), en la que el comisario recordó que la UE “propone permitir, en determinadas circunstancias, la retención y la venta de marrajo capturado muerto”, el Gobierno sigue sin mover ficha. Así lo explican desde el sector palangrero gallego, que con 90 toneladas en el limbo siguen sin lograr una rectificación por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que veta el comercio del escualo. El Parlamento gallego, de hecho, aprobó ayer instar a la Administración central “una solución urgente” para la flota.
La respuesta de la Comisión Europea a principios de mes recogía que prohibir la captura de marrajo “no contribuiría sustancialmente a la conservación de esta especie” y “sería contraria a la Política Pesquera Común” de la UE, además de que “perjudicaría a todas las flotas implicadas”. Por ello, Sinkevicius recordó la medida por la que si un tiburón llega muerto al barco este se puede retener a bordo y, por lo tanto, comercializar, poniéndose de esta forma del lado de la flota y, según Millán Mon, “desautorizando” a Transición Ecológica.
Sin embargo, el sector lamenta que medio mes más tarde siguen sin poder comercializar el marrajo acumulado, generando de esta forma costes de almacenamiento a unas armadoras ya de por sí muy dañadas por los efectos del COVID ante la fuerte caída de precios de sus capturas principales: pez espada y tintorera.
El marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus) es una especie que, según los científicos, está en una situación delicada en el Atlántico, motivo por el que desde la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat, en inglés) se decidieron medidas para potenciar su recuperación. Sin embargo, y pese a la oposición del sector e incluso de la FAO, la especie fue incluida en 2019 (a propuesta de México y con el apoyo de la UE) en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Este movimiento provocó más controles sobre la comercialización de la especie e implicaba trabas burocráticas, que se incrementaron en España al tener lugar una descoordinación entre los ministerios de Pesca, Comercio y Transición Ecológica que imposibilitaba vender ni un solo ejemplar.
Movimientos
Para intentar revertir esta situación, el Parlamento de Galicia aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley para “solicitar al Gobierno de España que dé una solución urgente al bloqueo actual de la comercialización de las capturas de marrajo”. La proposición fue instada por el Grupo Popular, cuyo diputado Alberto Pazos señaló que “la flota gallega cumple escrupulosamente todas las exigencias” para poder capturar y vender la especie, “pero el Gobierno central insiste en atacar al mismo sector pesquero al que debería defender, exigiéndole condiciones más duras que a sus competidores”.
Para Pazos, Transición Ecológica práctica un “hooliganismo conservacionista” que pone “en peligro” a los 120 barcos de palangre de la comunidad “y más de 850 tripulantes” por una “intolerancia y falta de sensibilidad social”.
Desde el sector, por su parte, continúan valorando tomar algún tipo de acción legal y critican las “contradicciones” dentro del propio Gobierno, con Pesca permitiendo la captura de marrajo y con el Ministerio dirigido por Teresa Ribera impidiendo su comercialización.
