La flota gallega de arrastre rechaza de pleno la instalación de sistemas de monitoreo electrónico remoto a bordo (REM, en inglés), medida que pretende impulsar España adelantándose incluso a la normativa comunitaria. La intención de la Secretaría General de Pesca, publicada ayer por FARO, despierta opiniones contrarias tanto en las principales asociaciones pesqueras de la comunidad como en la propia Xunta. Los primeros califican la medida como "una auténtica locura" o "un error descomunal" por parte de Madrid, ya que entienden que se debería esperar a lo que se resuelve en Bruselas sobre una materia de tal calado para su actividad. Por parte de la Consellería do Mar recuerdan que Galicia siempre se mostró en contra de las cámaras a bordo de los barcos por razones de privacidad y rechazan articular ayudas o subvenciones que favorezcan la instalación de este tipo de sistemas, como reclamaron desde Pesca. En vilo están hasta casi 110 arrastreros (80 en aguas comunitarias), la primera flota que se vería afectada por la iniciativa española.
En un acto celebrado el miércoles en Vigo, el director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Juan Ignacio Gandarias, anunció que Pesca realiza "análisis de riesgo" para establecer qué barcos serán los primeros en llevar sistemas REM para vigilar los descartes pesqueros, práctica prohibida desde el 1 de enero de 2019. "No cabe otra solución", explicó Gandarias ante una nutrida representación de la pesca tanto gallega como nacional.
Sin embargo, los responsables de las asociaciones de pesca gallegas no comparten la visión de Gandarias. "Esto parece una carrera para aumentar cada vez más el control sobre la flota", critica el gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Edelmiro Ulloa. El responsable de la asociación viguesa recuerda que "una vez más" sería la flota española o comunitaria de las únicas del mundo en cumplir con esta normativa, por lo que califica la medida como "una auténtica locura". "Pero cuando les decimos eso siempre nos responden: 'Ya estáis otra vez con lo de siempre'", se lamenta Ulloa.
De la misma opinión es Torcuato Teixeira. El secretario xeral de la OPP-31 Pescagalicia opina que Pesca "comete un erro descomunal" y que está "demonizando ó arrastre". Teixeira entiende que llevar cámaras o no debería ser voluntario. "A flota española está hipercontrolada e as estatísticas tanto da propia Axencia de Control como da Secretaría de Pesca sobre inspeccións e infraccións non denotan que aquí teñamos ese problema", insiste.
Tanto los armadores de Marín como los de Celeiro estiman que la implantación de las cámaras es un tema que todavía está muy verde. Juan Martín Fragueiro, de Opromar, que los sistemas REM aún deben "seguir evolucionando y perfeccionando" y ve necesario esperar a que se defina cómo y cuando se aplicará. "Estas cosas habrá que hacerlas con sentidiño", indica Fragueiro. Una opinión que comparte Jesús Lourido, que cree que "hay que pensar un poco más para qué queremos usar esos sistemas y cómo se van a transmitir esos datos". El gerente de Puerto de Celeiro también considera que, sumándose al resto de sistemas (VMS, caja azul, DEA...) sería "redundante".
Para el gerente de la OPP-Lugo, Sergio López, el origen del problema es la propia normativa de descartes, que en su momento "respondió a una presión mediática que no fue acertada". López cree que "el tiempo de las cámaras ya llegará", pero también apela a que "Bruselas tiene que legislar primero".
Y desde la Administración gallega, fuentes de la Consellería do Mar explican que no está en sus planes promover ayudas a cargo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para la compra de estos sistemas, como dejó caer Gandarias en su presentación en Vigo. Porque desde Mar recuerdan que el Consello Galego de Pesca aprobó por unanimidad "su posición contraria a la instalación" de cámaras, como publicó FARO, ya que estos sistemas "pueden afectar a la intimidad" y "a la necesaria protección de datos de los marineros."
