La Confederación Española de Pesca (Cepesca) se personará como acusación popular en la causa abierta tras la Operación Tarantelo de la Guardia Civil, que ha dejado al descubierto una presunta trama dedicada al comercio ilegal de atún rojo, con más de 79 detenidos hasta ahora y la incautación de 80.000 kilos de esta especie. La organización toma esta decisión por la "gravedad" de los hechos y las conductas, de los que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, que afectan directamente al sector pesquero y, a los objetivos fundacionales de la patronal, entre los que se encuentran promover el desarrollo de una pesca sostenible y responsable, así como la lucha contra la pesca ilegal.
La patronal pesquera argumenta en su escrito de personación, que, de confirmarse los hechos tales como la introducción en el mercado de atún rojo ilegal, en mal estado, el uso de aditivos y colorantes para hacer pasar por atún rojo otros túnidos pertenecientes a otras especies o la falsificación documental, atentan directamente no solo contra los intereses del sector pesquero español, sino también de los propios consumidores. El hecho de que se haya personado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la causa constituye, según Cepesca, un "indicio claro" de la gravedad.
La patronal quiere "salvaguardar, de forma objetiva, los intereses del sector pesquero español en su conjunto", asegura su secretario general, Javier Garat, y "mostrar nuestro enérgico rechazo ante conductas presuntamente irregulares y fraudulentas que afectan, además, a la inmensa mayoría de los operadores que desarrollan su actividad con absoluta honradez y cumpliendo escrupulosamente la ley".
