España ha sancionado con 8.261.001 euros a las tres empresas de Vigo, Marín y O Carballiño (Ourense) y ocho personas que crearon un entramado de pesca ilegal para explotar dos buques furtivos. Enmarcada en la operación Sparrow 2 del Ministerio de Agricultura, esta nueva multa eleva a más de 31,43 millones de euros las sanciones a firmas gallegas desde que comenzó las investigaciones hace tres años. En esta ocasión se trata de Frigoríficos Florindo e Hijos SL, Bacamar SA y Pesquera Piñeiro SL, a las que impone 1,2 millones a cada una por la explotación del Thunder y el Tchaw, el primero hundido en circunstancias sospechosas en Santo Tomé en 2015 y el segundo amarrado en Vigo desde 2010.

El Ministerio de Pesca explicó que tras analizar la "abundante documentación" obtenida en las inspecciones realizadas en varias empresas de A Coruña y Pontevedra entre los días 28 y 30 de julio de 2015 "se dedujo la existencia de un entramado empresarial presuntamente dirigido a ocultar a las autoridades españolas la propiedad, gestión y explotación" de estos dos buques, ambos incluidos hace ocho años en la lista de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, en inglés) de la Unión Europea.

La firma Frigoríficos Florindo e Hijos SL tiene su sede en O Carballiño y en su página web muestra que entre sus principales especies principales está la merluza negra o austral, una de las más codiciadas por esta flota. Junto a ella también están Bacamar S.A en Vigo y Pesquera Piñeiro SL en la entrada de Marín desde Pontevedra. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el puesto de administrador único de las tres firmas recae desde el año pasado en una misma persona: Florindo Otero González.

Y es que además de tres empresas la sanción del Ministerio también recae en ocho personas "responsables de varias infracciones por mantener relaciones [...] con estos buques, prohibidas tanto por la normativa nacional como por la comunitaria y la internacional". Así, Pesca les ha impuesto 4,66 millones de euros de multa y la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras entre 11 y 12 años, y la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas que van entre los 12 y los 14 años.

De esta forma el conjunto de sanciones por la operación Sparrow 2 se salda con 13.590.003 euros tras un primer expediente sancionador que culminó con una multa de 5,33 millones de euros a seis empresas -tres de Ribeira y tres de la comarca de Vigo- y seis personas relacionadas con los buques Viking y Seabull 22, ambos ya fuera de servicio.

Sin embargo, la multa más fuerte fue la que englobó la operación Sparrow, que ascendió a 17,84 millones. En aquella ocasión fueron identificadas nueve empresas y siete personas relacionadas con el clan gallego Vidal Armadores, de Ribeira, que explotaban los buques Kunlun, Songhua, Yongding y Tiantai.