El sector aprovechó la reunión del Consejo Consultivo de Larga Distancia (LDAC, por sus siglas en inglés) en Bruselas de esta semana para poner sobre la mesa ante la Comisión Europea (CE) la prohibición del arrastre en aguas profundas que plantean desde el seno comunitario bajo presión de las organizaciones medioambientalistas. Maja Kirchner, que en su día formaba parte del equipo de Maria Damanaki -anterior comisaria de Pesca de la UE- y que ahora pertenece a la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare), certificó a preguntas de los armadores que el veto a este tipo de pesca tan solo afectará a las aguas europeas, despejando de esta forma la posibilidad de que se extendiera a otros caladeros como el Atlántico sudoccidental o, sobre todo, el Atlántico norte.

El secretario general de la Confederación Española de Empresas Pesqueras (Cepesca), Javier Garat, entiende que si la prohibición se extendiera a aguas de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (Neafc, en inglés, que contiene Hatton Bank) o de la Organización de Pesquerías del Atlántico Norte (NAFO), sería algo "grave". En estas aguas faenan más de una decena de buques vigueses pertenecientes a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI). "Que Kirchner haya dicho esto públicamente es algo importante", indica Garat.

La intención que baraja la CE y sobre la que está debatiendo en los llamados trílogos con el Parlamento Europeo y el Consejo es un veto a la pesca de aguas profundas por debajo de 800 metros que, en principio, no afectaría demasiado a la flota española, como defendió el secretario general de Pesca, Andrés Hermida. La posición de Madrid contrasta con la de Galicia, ya que el Parlamento gallego instó ayer a la Xunta a rechazar -solo con los votos a favor del PPdeG- la pretensión de la UE. Sin embargo, ¿por qué es tan importante para el sector esta decisión y cómo se ha llegado a ella?

| Presión medioambientalista y apoyo de España. La iniciativa, según identifica el sector, nace de las presiones externas que recibe Bruselas de un lobby conservacionista liderado por la ONG estadounidense PEW. Su idea es prohibir el arrastre, de una forma u otra. Para ello, además de la fuerte presión ejercida por Francia, los armadores contaron con un enemigo inesperado: España, que cuando se decidió en el Consejo la postura sobre este tema apoyó la prohibición del arrastre de la UE.

| Peligroso precedente. El primero de los motivos que alega el sector para evitar a toda costa esta prohibición que ya dan prácticamente por hecha -como anunció FARO a finales de 2015-, es que sentaría un peligroso precedente. Un veto ahora a la pesca de arrastre por debajo de 800 metros podría dar pie a que en un futuro esa distancia se recortara a 600 metros, según teme el sector, con lo que ahí ya estarían afectados un gran número de barcos españoles y, sobre todo, gallegos.

| Incoherente y sin respaldo científico. Las peticiones del sector de frenar esta propuesta no nacen de la nada. Según explica Javier Garat, la medida sería "incoherente" con todo lo que la EU ha estado trabajando en las ORP o en la FAO, por ejemplo. Además, recuerdan que la iniciativa carece de respaldo científico y que expertos como Ray Hilborn, de la Universidad de Washington, que asegura que los fondos en los que pesca arrastrando "se modifican pero no se destruyen".

| Una victoria para las ONG. El sector, consciente de que esta prohibición surge por la presión de las ONG, significaría la primera batalla que conseguirían ganar contra el arrastres. Además, podría hacer presión para ampliarlo a organizaciones regionales de pesca, como NAFO o Neafc.