Sebastián Villasante: "La prohibición de los descartes le costará 11 millones al año a la pesca artesanal de betas"

-El último estudio en el que participa señala que los Totales Admisibles de Capturas (TAC) asignados a los países siguen estando por encima de lo recomendado. ¿Qué consecuencias tiene este desfase para los caladeros?

-Se evidencia una notable mejora en la adecuación de los TAC respecto a las recomendaciones científicas efectuadas por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). Es decir, se ha pasado de lo que denominamos una "sobrepesca política" debido a la presión de los gobiernos a la Comisión Europea a un nuevo escenario de consenso donde todos los actores acordaron seguir en la misma dirección bajo el paradigma de la sostenibilidad de los sistemas socioecológicos. Las consecuencias de esto dependerán de cada zona de pesca, especie y tipo de flota que se trate, así como de la capacidad de los pescadores de adaptarse.

-¿Qué problemas presenta el sistema de TAC?

-Tal vez el problema más relevante son los límites a la capacidad de producción por áreas y especies basados en criterios que se establecieron en 1976 y que no se han actualizado después de casi cuarenta años de evolución, lo cual entraña una falta de coherencia con la necesidad, retos y desafíos de la industria. Esto ha provocado una mayor pérdida de buques, más desempleo y emigración, además de sobrepesca, descartes y pesca ilegal.

-Tiene España asignada una cantidad de TACs suficientes en relación con su flota?

-Obviamente, no. En teoría, ante la mejoría de los stocks en los últimos años deberíamos observar también una mejora o incremento de los TAC, y no ha sido así.

-Su investigación también apunta a la necesidad de una mayor transparencia en las discusiones anuales de las cuotas.

-Las discusiones en el seno del Consejo de la UE no son públicas. Si la CE basa cada vez más su política pesquera en la percepción de la sociedad acerca de cómo debemos gestionar los recursos marinos, debería seguir el mismo criterio a la hora de la discusión de los TAC. Esto le daría mayor transparencia y mejoraría su reputación frente a la industria pesquera, que recibe información de los cambios una vez que el proceso de toma de decisiones ya está iniciado, e incluso acabado.

-¿Qué alternativas hay?

-Hay varias alternativas, unas prometedoras y otras preocupantes. Entre las primeras, existen sistemas de cogestión basadas en el esfuerzo pesquero que han tenido éxito en numerosos casos de estudio. Entre las segundas, lo que llamamos la financiarización de la industria pesquera a nivel global debido a la creciente implicación del sector bancario-financiero. Esto puede provocar una pérdida de la relación de las comunidades con el mar, con connotaciones económicas y sociales no solo en la pesca industrial sino también en la pesca artesanal, algo que ya sucede en países como Islandia.

-También presentó un informe sobre el problema que la prohibición de los descartes supone para la pesca artesanal.

-Sí. Nuestro estudio evidenció tres cuestiones de relevancia. Primero, el 98% de los estudios publicados en revistas científicas entre 1950 y 2014 pone de relieve que la prohibición de los descartes ha sido adoptada en pesquerías industriales, no artesanales. Segundo, no existe evidencia científica suficiente que demuestre que la obligación de desembarques sea, per se, suficiente para la reducción de los descartes. Debe ir acompañada de otras medidas como la reducción del esfuerzo pesquero, y aun así los resultados no son concluyentes. Tercero, nuestro estudio demostró que, para el caso de Galicia, el nivel de descartes es, en general, muy bajo. En este contexto, las pesquerías sujetas a TAC generan un mayor volumen de descartes que aquellas gestionadas por esfuerzo pesquero. Además, la prohibición de los descartes ocasionará pérdidas económicas directas anuales de 11 millones de euros, y ello solo considerando la flota que utiliza las betas como principal arte de pesca artesanal [cerca de 1.000 barcos de los más de 4.000 de artes menores que tiene Galicia].

-¿Son compatibles los criterios científicos y la conservación del empleo?

-Desde luego. El problema es que los objetivos de manejo de las pesquerías han sido ambiguos desde el principio. Los líderes comunitarios acordaron hace ya tres décadas loables objetivos de conservación de los ecosistemas y del empleo, pero sin articular mecanismos de conexión alguna entre ellos. Además, la dinámica de gestión pivotó sobre lo que denomino la Triple I: ignorancia, ideología e inercia. Ignorancia, porque a pesar de las evidencias científicas tras la evaluación de los stocks y a la posibilidad de contar con el aporte del conocimiento de los pescadores y la industria, la CE suele adoptar sus medidas desconociendo ambos factores. Esto se debe a la ideología imperante en gestión de pesquerías en Europa (y prácticamente en todo el mundo), donde predomina el componente biológico en detrimento de las repercusiones económicas y sociales. No se puede olvidar que gestionamos recursos marinos, personas e instituciones. Dado que esto se hace desde hace décadas, asistimos a una inercia política en el seno de la CE que abocó al sector pesquero (especialmente en Galicia) a una continua pérdida de capacidad.

-Más del 50% de las zonas en las que pescan barcos gallegos carecen de informes científicos suficientes para evaluar el estado de las poblaciones de peces. ¿Tiene sentido que Bruselas otorgue cuota sin ellos?

-Es cierto, pero el principio de precaución fue aprobado por la ONU y adoptado en la normativa comunitaria. La UE tiene que aprobar medidas en caso de pesquerías pobres en datos, ya que se supone que el no adoptarlas supone un mayor riesgo para los stocks.

-¿Garantiza la Política Pesquera Común la conservación del sector?

-La normativa comunitaria sí que la garantiza, pero la práctica ha demostrado que las coaliciones entre estados miembros y los intereses de algunos de ellos han primado por encima del interés general del sector pesquero europeo.