Tras el varapalo del Europarlamento, que el 6 de febrero dio su visto bueno a la prohibición total de los descartes (capturas accidentales que suben en las redes) para 2017, España tiene una oportunidad de modificar este propósito de la nueva Política Pesquera Común (PPC). Los Veintisiete debaten hoy sobre el documento marco de esta reforma en un encuentro que tiene como propósito la "unificación de posturas" respecto a la PPC, y en el que la delegación que encabeza el ministro Miguel Arias Cañete se conjura para poder suavizar el veto a los descartes, que amenaza seriamente la supervivencia de la flota gallega en aguas multiespecíficas (como Gran Sol). En este sentido, el sector reclama al Gobierno que "busque aliados" para tumbar los propósitos de la comisaria María Damanaki. "La flota española con esto no se sostiene", apuntaron a FARO desde la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi).
En concreto, los armadores apuntan a Francia, Portugal e Irlanda como los países con los que hacer fuerza de cara a lograr un pacto político que retrase la implantación del descarte cero. Fuentes comunitarias creen que podrían ser cinco o seis países los que planteasen la necesidad de implantar esta medida de forma gradual, pero dudan de que puedan prosperar sus intenciones. Si se continúa con los planes de Damanaki y en 2014 ya no se puedan arrojar al mar las especies pelágicas (lirio, jurel, sardina y caballa), la reforma aboca al amarre a la flota durante la mayor parte del año.
Cambios
La eurodiputada popular Carmen Fraga cree que el Consejo ve "con buenos ojos" la enmienda que ella planteó a los descartes, para que éstos se implantasen poco a poco y en base a dictámenes científicos. "Algunos países ven que la propuesta mantiene los objetivos iniciales y se elaboró con el consenso del sector".
También el socialista Antolín Sánchez Presedo -que votó en contra de la propuesta de Fraga- considera que en el encuentro de los Veintisiete se pueden modificar las cosas. "El debate de los descartes queda abierto para el consejo y, además, creemos que el trílogo (Comisión de Pesca, Europarlamento y Consejo Europeo) es más receptivo a estos planteamientos". De ahí que Presedo incida en que hay una "puerta abierta" a modificar este punto de la PPC.
El ministro Arias Cañete ya reconoció que la aprobación del Informe Rodust (que fuerza el veto a los descartes) causa un problema "complejo" a la flota española. Con escasez de cuota e importante capacidad pesquera, los buques solo podrían faenar tres meses al año en pesquerías como Gran Sol, según el gerente adjunto de Arvi, José Antonio Suárez Llanos.
Por lo pronto España ya tiene en contra a la comisaria Damanaki, que ayer dejó clara su postura en su blog personal. "No debemos permitir que los intereses nacionales socaven el acuerdo ya alcanzado tras largas discusiones y negociaciones. No podemos darnos el lujo de perder lo que ya hemos logrado colectivamente", dijo en referencia a los descartes y al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). También grupos ecologistas como Greenpeace presionan a Cañete para que se someta al Informe Rodust y a que no acepte subvenciones para la modernización o renovación de la flota pesquera española.
