Propietarios de pisos se lanzan a contratar seguros antiokupación pese a su alto coste

Propietarios de viviendas, especialmente aquellas que están vacías, están empezando a moverse para afrontar posibles okupaciones. Un simple paseo por Vigo permite ver cómo casas antiguas que están deshabitadas están totalmente tapiadas, tanto en las ventanas como en las puertas, para evitar que sean tomadas por inquilinos no deseados. Pero más allá de esta acción sobre algunos inmuebles, son muchos los dueños que están contratando seguros antiokupas para cubrir especialmente los daños en la vivienda que pueden generar esas personas y que requieran de una reforma posterior, y también los trámites jurídicos necesarios para proceder al desalojo.

“Yo tengo una casa en Beade que solo alquilamos en verano y que el resto del año está vacía. Nos la han okupado una vez y tuvimos que hacer un fuerte desembolso para recuperar la vivienda y arreglarla para que estuviese como antes. Hace un mes vimos un anuncio de una aseguradora que ofrecía una póliza antiokupas y llamamos al momento para contratarla”, explica Irene Martínez, nombre ficticio de una vecina de Vigo, pues quiere mantener el anonimato para evitar que se le relacione con la vivienda.

Son varias las compañías que están comercializando este tipo de seguros, ya sea como un tipo de póliza o como una cobertura que se añade normalmente al seguro de hogar. En función de lo contratado, hay fuertes oscilaciones en los precios. Una de las firmas que comercializa estos productos es Generali. En primer lugar, la aseguradora explica que este tipo de protección “se encarga de ofrecer asistencia jurídica en caso de que se nos cuelen okupas en casa, incluyendo la labor de asesoría, defensa y reclamación tanto en contextos amistosos como en procesos judiciales, y pudiéndose hacer cargo además de otros conceptos y servicios como los gastos de abogacía, los de peritaje, las tasas judiciales, las fianzas penales, los costes procesales y el trabajo de procuradores”.

El otro gran grupo de coberturas se destina a cubrir los posibles daños a la vivienda producidos por actos vandálicos o malintencionados, así como a facilitar asistencia para la solución de siniestros e incluso un servicio de seguridad privada. Tal y como apunta esta empresa, hasta la fecha es realmente complicado echar a unos usurpadores y recuperar la posesión de una propiedad. Y eso que las cosas han cambiado en los últimos años, especialmente desde que en 2018 el Congreso de los Diputados aprobara una ley destinada a corregir esa situación, facilitando el desahucio rápido por medio de la garantía de una sentencia en menos de 20 días desde que haya tenido lugar la formulación de una denuncia.

El problema es que pese a que se ha ampliado el respaldo judicial a los propietarios, estos se enfrentan igualmente a unos elevados gastos económicos en concepto de abogacía, procuradores y trámites jurídicos, así como los destinados a afrontar la reparación o el coste de posibles desperfectos en su vivienda.

“Esta es la principal razón de ser para que el sector asegurador (o, por lo menos, las compañías más eficientes y competitivas) se haya implicado en el asunto preguntándose cómo evitar okupas y ofreciendo diversas soluciones que ayuden a resolver, o cuanto menos minimizar, este problema más común de lo que se imagina”, apuntan desde Generali.

Línea Directa o Arag son otras aseguradoras que han incorporado seguros antiokupas a su oferta. En el caso de la primera, si al tomador le usurpan la vivienda en la que reside de forma habitual, se harían cargo también del alojamiento en otro inmueble hasta que la situación se solucione. También asumen los gastos de suministros (luz, agua, gas...) que se produzcan en la vivienda mientras está el okupa en la misma.

Preocupación por la venta ilegal de llaves a familias vulnerables

En la ciudad olívica operan mafias que se dedican a controlar inmuebles vacíos, colocan señuelos y, una vez comprobado que nadie accede a la vivienda, entran para cambiar la cerradura, dejando a una persona residiendo allí. Una vez que este individuo queda identificado por la Policía, le venden la llave a un tercero, que normalmente suelen ser familias vulnerables en situación límite que buscan de forma desesperada un sitio donde vivir. Es decir, los okupas usurpan un piso o una casa y luego sacan beneficio de ella vendiendo la llave a precios que oscilan entre los quinientos y los 3.000 euros. También los inquilinos morosos, cuando se encuentran con un desahucio inminente, se “quitan de en medio” vendiéndole la llave a un tercero que no tiene nada que ver, aprovechándose de su necesidad.

¿Y qué condición tienen las personas que adquieren esa llave y pasan a vivir en ese piso o casa? Pues entrarían en el concepto de precarios, ya que no tiene contrato de alquiler ni cualquier otra legitimación que le permita residir allí y tampoco es el propietario. En este caso, se recomienda a los dueños del inmueble contactar con los inquilinos antes de presentar la correspondiente demanda por desahucio, normalmente sin éxito. Es más, es muy habitual que haya propietarios que ni siquiera esperen a la resolución judicial que permite el lanzamiento, y contraten a empresas de desalojo exprés para una intermediación extrajudicial a cambio de una cantidad concreta de dinero.

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