Una de cada cinco resoluciones de dependencia en Vigo es de una persona mayor de 90 años

La Consellería de Política Social e Xuventude, a lo largo de 2023, resolvió solo en la ciudad de Vigo un total de 5.967 peticiones de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones que tiene asociadas. De ellas, 1.163 se corresponden a personas que superan los 90 años. Casi una de cada cinco –en concreto, el 19,5%–.

Desde el departamento dirigido en funciones por Fabiola García Martínez, aseguran que “en la actualidad el plazo para resolver y notificar el grado de dependencia es menor a un año”. Desde la Asociación de Xuristas de Galicia pola Inclusión (In.Xurga)  califican de “ridículo” este plazo ante las necesidades de las personas que lo solicitan, pero destacan que es “aún más sangrante” en las que superan los 90 años.

El colectivo, que ha recibido en los últimos meses varias denuncias de familias en esta situación en el área de Vigo, reclama que se habilite una vía urgente o prioritaria para estos casos. Propone fijar un máximo de tres meses para resolver en nonagenarios y centenarios.

Su presidenta, Ana María Costas, subraya que en las valoraciones de discapacidad ya se ha habilitado una vía preferente para esta franja de edad. Entiende que en personas mayores, a las familias les interesa más la dependencia porque incluye “las libranzas, la ayuda en domicilio, ayuda económica para cuidadores...”

Vía rápida

“La Ley de Dependencia no establece colectivos prioritarios, exceptuando a los menores de 3 años”, responden desde Política Social. El departamento autonómico defiende que están tratando de acelerar los tiempos para todos los casos. “El objetivo es reducir este plazo a la mitad”, destacan y señalan que para ello es el nuevo decreto de dependencia que se aprobó a finales del año pasado.

“Este cambio normativo permite reducir el tiempo de espera para recibir una valoración. En concreto, reduce la carga burocrática de las personas solicitantes al pasar de entregar 12 papeles a dos; fusiona el reconocimiento del grado y el servicio asignado; y permite mejorar las alternativas para aquellas personas que no consiguen su primera elección”, detallan. Añaden que, además, se reforzó el servicio con un nuevo órgano de valoración en cada una de las provincias.

En In. Xurga reconocen este aumento de efectivos, pero lamentan que su efecto en la práctica real se está percibiendo, más bien, “poco”. No descartan que sea por el continuo incremento de solicitudes, pero sostienen que lo importante es que resulta insuficiente ante la demanda de tantas familias.

En primera persona

Una de ellas es la de una viguesa, hija única, que prefiere no dar su nombre y que lleva meses dejando a un lado su negocio para poder atender a sus dos padres. Él, de 90 años, fue un gran quemado, tuvo un ictus, se le rompió una arteria... Ahora está encamado, solo mueve la cabeza y necesita que le hagan cambios posturales frecuentes por la diabetes que también padece. Su mujer, de 85 años, precisa también andador y ya no puede cuidarlo.

Tras iniciar los trámites en noviembre, esta semana fue a su domicilio la trabajadora social del centro de salud a realizar la primera valoración. El siguiente paso es la visita de valoración de Política Social. “Nos dijo que tardarían unos seis meses y le pregunté si no podía ponerlo prioritario por la situación. Me contestó que como mis padres había muchos y con rentas menores”, relata.

Ellos, jubilados, ingresan 2.700 euros al mes entre los dos. Están por encima de la media. Cierto. Porque Galicia tiene la segunda pensión media más baja del Estado, con 1.025,47 euros por persona. Pero no les da para cubrir sus necesidades. La pensión de ella va íntegra a pagar a una persona que les hace la comida y a otra que lo moviliza a él tres días a la semana. Las dos pagas juntas rondan justamente el precio medio de una sola plaza de residencia para un gran dependiente en habitación doble.

Ana María Costas, presidenta de la Asociación In.Xurga

"La gente nos llega desesperada porque ya no sabe qué hacer. Tiene que ser prioritario"

–Política Social cifra en menos de un año la resolución de las valoraciones. ¿Qué les parece este plazo?

–¿Cómo nos va a aparecer? Una persona con 90 años, que está súper enferma, que no tiene quién la ayude, que no tiene medios.. . ¿Va a esperar un año? ¿A qué? ¿A que fallezca? Es un plazo ridículo y que incumple absolutamente toda la legislación. Y, además, no es un año: van a hacer la valoración, la familia no está de acuerdo, hacemos un recurso y tienen que resolver el recurso… Un año no es real. Estamos a pie de calle, con las personas, somos abogadas y no inventamos nada. La gente viene desesperada porque ya no sabe qué hacer. Presentan escritos, los escritos no se resuelven... Llevamos así muchos años. Pensamos que iba a ser mucho más rápido ahora porque pusieron más equipos para valoraciones, pero sigue siendo el lentísimo igual.

–¿Mejoró?

–Un poco, pero poco. Es una gravedad tremenda. Es un tema de humanidad. Comprendemos que hay mucha gente que lo solicita porque hay más información, pero no puede ser que dejes a una persona mayor que no tiene quien la ayude que no tiene familia… Esto tiene que ser preferente y prioritario en cualquier administración.

La gente que viene aquí y que nos llama están desesperados: ¿Qué hago con mi padre? ¿Qué hago con mi madre? Voy a tener que dejar de trabajar. ¿Qué hago con mi vida? Cuando tienes un mayor así, te quedas sin ella.

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