Las reclamaciones contras las energéticas acaparan casi el 30% de las demandas en Consumo

Las cláusulas y comisiones abusivas, los cobros injustificados y las facturas desproporcionadas emitidas por parte de las empresas energéticas, e incluso estafas, continúan siendo el gran caballo de batalla para muchos vigueses y viguesas. Lo reflejan así las cifras compiladas por la oficina del Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC) de la Xunta en Vigo, organismo en el que casi el 30% de las demandas tramitadas a lo largo del pasado 2023 se correspondieron con denuncias contra las comercializadoras de energía.

Según datos facilitados por la Consellería de Consellería de Economía, Emprego e Industria, la oficina viguesa registró el año pasado un total de 4.625 consultas en sus dependencias y gestionó 4.469 demandas. Si bien el volumen total de quejas interpuestas por los consumidores en la oficina de la ciudad olívica experimentó un ligero descenso de prácticamente el 10% con respecto a 2022, si hay algo que no ha variado es el hecho de que las demandas contra las compañías eléctricas y de gas continúan liderando el ranking del malestar de los vigueses, que efectuaron un total de 1.202 reclamaciones contra ellas (un 26,8% del total).

Con 867 demandas, prácticamente un 20%, la segunda área que suscitó más quejas entre la población viguesa es la correspondiente al ámbito de las telecomunicaciones. Cabe recordar que, a lo largo del año pasado se sucedieron importantes incidencias en la ciudad vinculadas a las compañías de este sector, como por ejemplo en Alcabre, en donde la Asociación Veciñal A Nosa Terra de Alcabre denunció que llevaban desde el 19 de septiembre sin disponer de línea telefónica ni internet, incidencia que en noviembre también repercutió en los usuarios y usuarias de la residencia de Santa Marta, situada en esta misma parroquia viguesa.

Relacionado con la vuelta a la normalidad tras haber superado la pandemia del COVID y el final de las restricciones sanitarias, al igual que otros sectores, el turismo se reactivó definitivamente a lo largo del ejercicio anterior. La ciudad no fue ajena a esta tendencia, de hecho, los datos del Instituto Nacional de Estadística al cierre de 2023 revelaron que Vigo rubricó un año de récord en cuanto a visitantes y pernoctaciones, puesto que 524.949 personas durmieron en los establecimientos hoteleros de la ciudad, una cifra que implicó un aumento del 14,7% con respecto a 2022.

Estos flujos turísticos, incluyendo los de aquellos vigueses y viguesas que se desplazaron fuera de la ciudad por trabajo u ocio, propiciaron que la oficina del Instituto Galego do Consumo e da Competencia en Vigo experimentara a lo largo del año pasado un importante repunte en las reclamaciones vinculadas al sector. Así, las demandas de la población viguesa sobre cancelaciones de viajes o incidencias con compañías que ofertan planes turísticos, entre otros, se incrementaron un 32,5% y el total de denuncias presentadas en Consumo en 2023 fue de 867.

Tras el turismo, los otros dos sectores que mayor aumento de quejas registraron el año pasado fueron los de la industria de alimentación y el mundo del textil, contabilizándose 139 y 148 reclamaciones, frente a las 27 y 89 tramitadas por la oficina viguesa en el año 2022.

En cuanto a los ámbitos de la automoción (221 quejas), del comercio electrónico (132), transporte (92), enseñanza (24), óptico (143), salud y estética (149) y financiero (113), se aprecia una tendencia descendente, puesto que dichas categorías registraron un menor volumen de denuncias en el Instituto Galego do Consumo e da Competencia con respecto al año anterior.

A nivel provincial, Vigo superó con creces a Pontevedra en volumen de reclamaciones, en donde también se constató una ligera caída en las demandas interpuestas ante Consumo por parte de los usuarios pontevedreses y, en este caso, el descenso fue del 17%.

Con oficinas repartidas por la siete grandes ciudades de Galicia, el Instituto Galego do Consumo fue creado en el año 2016 con el objetivo de orientar, formar e informar a las personas consumidoras y usuarias sobre sus derechos y la forma de ejercerlos, principalmente, con la finalidad de que se tengan en cuenta y se respeten por todos aquellos que intervengan en el mercado en relación con los bienes y servicios. Otra de sus funciones es la elaboración y difusión de información para facilitar a los consumidores y usuarios la elección, con criterios de racionalidad, de los bienes, productos y servicios genéricos más adecuados a sus necesidades. Para ello, ofrece un servicio telefónico gratuito a través del número 900 23 11 23, en el que se puede contactar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo