El Concello destinará más de 2 millones a la gestión privada del refugio de A Madroa

La nueva ley de bienestar animal, que entró en vigor el 29 de septiembre, impone requisitos muy exigentes a las protectoras con el objetivo de reforzar el cuidado de sus inquilinos. Para cumplir con la normativa, el Concello de Vigo anunció la licitación de un contrato con un importe que roza los 2,2 millones de euros por tres años –el valor estimado supera los 3 millones– para prestar los servicios de recogida de animales extraviados y abandonados, atención del centro municipal de recogida de animales abandonados, y gestión de colonias felinas, reses mostrencas y otros animales de competencia municipal.

Por ahora, la gestión del refugio depende de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Vigo, sin ánimo de lucro. Recibe una subvención municipal de más de 100.000 euros –el Ayuntamiento también ayuda con material y alimento– y logra fondos, a su vez, a través de aportaciones de socios y acciones solidarias. No tiene músculo para cumplir las exigencias impuestas –tampoco la administración local–. El convenio de esta entidad con el Concello, propietario de las instalaciones, finaliza en marzo, pero se prorroga hasta que tome las riendas una empresa. Vista la cifra del contrato, será una compañía potente.

Ley de Bienestar Animal: evita las cuantiosas multas por olvidos o descuidos

La ley estatal, impulsada por el Gobierno de coalición, “aconseja que haya una entidad social vinculada”, indican desde la asociación, pero “no lo obliga”, por lo que su permanencia una vez acceda la adjudicataria dependerá de esta y el Ayuntamiento. Su función va más allá de la gestión de las instalaciones. Un ejemplo: los domingos, desde el 28 de enero, organiza paseos para los perros con voluntarios por el entorno de A Madroa con el objetivo de mejorar el bienestar de los animales acogidos, trabajar su sociabilidad para facilitar la adopción y su proceso de adaptación fuera del refugio, y educar a la ciudadanía en los valores de respeto a los derechos de los animales.

Una adopción que vale por 7 vidas

Según recoge la ley, las entidades que se hagan cargo de las protectoras como la de A Madroa deberán presentar a la administración competente una memoria anual en la que se incluya un resumen económico de su actividad, los recursos humanos empleados y las actividades formativas impartidas; disponer de un registro de animales tutelados y dados en adopción; entregar los animales con un contrato de adopción en el la que se especifiquen claramente los derechos y obligaciones por ambas partes; identificar a los animales según la normativa vigente; o disponer de autorización administrativa para la recogida de animales abandonados o extraviados en el ámbito territorial donde se realice.

Servicios de veterinaria

También exige cumplir con los requisitos mínimos veterinarios para la entrega de los animales correspondientes y los tratamientos mínimos estipulados en relación con la esterilización, la identificación, la desparasitación y la vacunación obligatorias; velar por las condiciones de bienestar y condiciones higiénico-sanitarias de los animales alojados, adecuación de los espacios, medidas de seguridad, capacitación del personal, registro de animales y atención veterinaria; o ser titular de un seguro de responsabilidad civil en vigor y que cubra sus actividades.

Lo que hay que saber de la ley de bienestar animal que ya está en vigor

Tratándose de perros, gatos y hurones, deberán esterilizar al animal con carácter previo a su entrega en adopción o suscribir un compromiso de esterilización si no tuvieran la edad suficiente para realizar la cirugía, según criterios veterinarios. Los encargados de la gestión de estos espacios también tienen la obligación de esterilizar a animales de otras especies, siempre que ello sea viable según criterio veterinario.

En el caso de que trabajen con casas de acogida, los derechos y obligaciones de ambas partes deberán reflejarse contractualmente. En el supuesto de tener centro de protección para alojar a los animales, deberán poseer la correspondiente autorización o licencia para constituir núcleo zoológico legalmente establecido. Y al menos un miembro de la junta directiva u órgano rector de la entidad deberá estar en posesión de la titulación que se determine reglamentariamente.