Comunidades de vecinos pactan una tarifa fija de gas para contener la factura

El 1 de enero de 2024 será el fin de la Tarifa de Último Recurso (TUR) para las comunidades de propietarios, que deberán pasarse al mercado libre y verán por tanto cómo sus facturas se dispararán en muchos casos el doble. Los colegios oficiales de administraciones de fincas esperan que el Gobierno prorrogue el plazo para que las comunidades se acojan al TUR, pero de momento no hay nada en firme. De forma previsora, administradores de edificios de viviendas de Vigo llevan meses manos a la obra negociando con las empresas comercializadoras de gas para cerrar tarifas fijas a costa de ciertas condiciones y evitar salir al mercado libre.

Antonio Maigler, administrador de fincas de Vigo y que tiene en cartera unas doscientas comunidades, explica que se están cerrando acuerdos por unos ochenta megavatios la hora. “Antes de la pandemia y de la guerra, un edificio estándar gastaba unos 30.000 euros en gas al año, y con todo lo que vino después la factura anual se disparó hasta los 90.000. Se ha empezado a ver como normal pagar más del doble por el gas de lo que se pagaba antes”, apunta. Ahora, con las tarifas que están negociando con las comercializadoras, abonarán unos 50.000 o 60.000 euros anuales en concepto de gas. Es decir, se ahorrarán alrededor de 30.000 al año.

Para conseguir esas tarifas ventajosas, lo que hacen los administradores de fincas es llamar a la puerta de comercializadoras que acaban de llegar al mercado y que en muchos casos realizan ofertas agresivas para captar nuevos clientes. Los profesionales están siempre estudiando el mercado para ver si es más ventajoso cambiarse de compañía. En caso de que otra empresa suministradora de gas haga una oferta más barata, se cambian.

Los bloques de vecinos que cuentan ya con estas tarifas negociadas son tanto aquellas que tienen calefacción central como las que funcionan con contadores individuales. El objetivo es evitar sorpresas en la factura y el ahorro para las arcas comunitarias permitirá, entre otras cosas, evitar tener que subir las cuotas de la comunidad y, en los casos que haya que hacerlo, que dicho incremento sea contenido.

Hay que recordar que España comenzará a aplicar en mayo de 2023 la medida ordenada por Bruselas hace ya más de una década y que pondrá fin en la práctica a las calefacciones centrales. El objetivo es reducir el consumo y, obviamente, que cada hogar pague por el calor que utiliza en lugar de hacerlo de forma proporcional al resto de viviendas independientemente de lo que cada una consuma. Para ello, en las comunidades de propietarios que tengan calefacción central (por lo general son las de mayor tamaño), deberá instalarse en cada piso un contador individual que mida el consumo exacto o, en caso de no ser viable, repartidores de costes que funcionen en cada radiador.

La inversión en la instalación dependerá de si se utiliza uno u otro sistema y lo asumirá directamente la comunidad de propietarios. En Vigo se calcula, según apuntan diversos administradores de fincas, que dos de cada diez hogares tendrán que cambiar su sistema de calefacción para adecuarse a la nueva normativa.

Las excepciones que permiten mantener la calefacción central

Una de las excepciones que plantea la norma para cambiar las instalaciones de calefacción central es que los edificios en los que no sea viable ni técnica ni económicamente adaptar los medidores de consumo a la nueva ley no tendrán que hacerlo. Concretamente, si la inversión en las obras no es rentable, es decir, si no se recupera en un plazo de cuatro años, no será necesario cambiar el sistema de calefacción. Los administradores de fincas tienen que solicitar a los instaladores informes sobre la viabilidad de las obras, que son necesarias en los edificios construidos antes del año 1998, porque los inmuebles posteriores a esa fecha ya están obligadas a facturar de forma individual. Incluso hay administradores que ellos mismos solicitaron a los instaladores informes negativos porque el coste de amortización de la obra no era rentable.

Hay que tener en cuenta que en algunos casos hay que cambiar la instalación tanto del edificio como la de las propias viviendas. De todas formas, el fin de la calefacción central es una regulación que genera debate. Y es que hay propietarios que defienden que este sistema les sale más rentable y otros que están a favor de la norma, concretamente aquellos que utilizan menos la calefacción que sus vecinos y que por tanto al facturar en función del consumo individual pasarán a pagar menos. Precisamente uno de los objetivos de los contadores individuales es que cada vecino pague el coste real de lo que consume.

Suscríbete para seguir leyendo