SOS de las comunidades de vecinos con okupas por el ruido y los desperfectos que sufren

Reclaman competencias legales para poder desalojar a los inquilinos irregulares cuando los propietarios se desentiendan

Agentes de la Policía Nacional, en un desalojo de okupas de un edificio de Gran Vía.

Agentes de la Policía Nacional, en un desalojo de okupas de un edificio de Gran Vía. / Alba Villar

El desalojo de okupas se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los que sufren la usurpación de sus viviendas. Los trámites judiciales son en ocasiones tan farragosos que muchos están apostando por contratar empresas de desokupación exprés. Pero hay otro problema con el que se están encontrando un buen número de comunidades de propietarios de la ciudad, que no pueden emprender acciones legales para desalojar a los inquilinos irregulares porque el dueño de la vivienda okupada no vive cerca “o simplemente le da igual”. Por eso ya han apoyado la petición realizada recientemente por la Xunta de Galicia de que las comunidades tengan competencias para poder iniciar los trámites que permitan echar a okupas.

Según la legislación vigente, únicamente la propiedad del inmueble allanado puede hacerlo, pero desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) recuerdan precisamente que, en muchos casos, los dueños “no sufren las consecuencias del asalto” al residir fuera, así que los okupas pueden permanecer en el inmueble todo el tiempo que deseen, lo que provoca un gran malestar entre los vecinos a causa de los ruidos, suciedad y desperfectos. Para evitar que esto suceda, los administradores de fincas colegiados llevan pidiendo desde hace tiempo que se cambie la legislación vigente y se arbitren los mecanismos legales necesarios que permitan desalojar el inmueble en cuanto se descubre que ha sido okupado.

Fuentes colegiales atribuyen el aumento de los allanamientos al “efecto llamada” que está provocando el reciente Real Decreto Ley del Gobierno, que en su disposición final blinda a los okupas al prohibir los desalojos si las usurpaciones de vivienda no se producen con violencia. “Si las penas fuesen más duras no se allanarían tantas casas o apartamentos. La okupación tiene cada vez más adeptos porque no se pone freno”, señalan desde Coafga, agregando que, “para generar viviendas en un mercado de alquiler que las demanda cada vez más, se precisan medidas que generen confianza en el arrendador”.

Los administradores de fincas también advierten de la profesionalización de la okupación. “Existen los ‘llamadores de okupas, mafias que buscan viviendas para que okupen a terceros a cambio de dinero, y subarrendatarios de los inquilinos irregulares, conocedores o no de esta situación, que pagan una renta a los okupas e incluso tienen un contrato de alquiler”, agregan.

Asimismo, se alerta de una práctica que va en un progresivo aumento y que en Vigo ya se han registrado varios casos en los últimos tiempos: los arrendatarios morosos que, tras ser desahuciados y desalojados, vuelven a los pisos y se atrincheran, convirtiéndose por tanto en okupas, y por eso los administradores de fincas recomiendan que se adopten medidas para evitar situaciones como esta, algunas tan simples como cambiar la cerradura de la vivienda.

Por todo ello, estos profesionales que se encargan de gestionar las comunidades de propietarios recuerdan que “es mejor prevenir la okupación que tener que luchar contra ella, porque echar a un okupa supone tiempo, esfuerzo, ansiedad y un coste económico muy elevado para los propietarios de las viviendas usurpadas”.

Una familia que extorsionó al dueño, uno de los casos recientes más sonados en la ciudad

El barrio vigués de San Xoán do Monte fue testigo de una situación no solo desagradable, sino que podría suceder perfectamente en películas sobre gángsters. Y es que una familia de okupas no solo usurpó una casa al propietario, sino que le extorsionó hasta límites insospechados. Concretamente, le reclamó una cantidad de 15.000 euros si quería recuperar la vivienda. Si no pagaba, destrozarían absolutamente todo y desmontarían la casa.

El inmueble estaba vacío, pues el dueño vive en un piso en el centro de la ciudad. Los okupas eran conocedores de ello y por eso aprovecharon la situación, forzaron la cerradura y entraron. Para evitar ser desalojados por la Policía, la familia que usurpó la vivienda “utilizó” a dos menores que no residían con ellos. Y comenzó la extorsión y las amenazas al dueño, que ante la situación y el miedo que llegó a pasar, llegó incluso a abandonara la ciudad unos días.

Suscríbete para seguir leyendo