La construcción del hospital Álvaro Cunqueiro fue una de las obras más controvertidas de la Xunta de Feijóo por tratarse del centro sanitario más grande de Galicia y ejecutarse recurriendo a una concesión privada, que también se encarga de su equipamiento y de su funcionamiento. Siempre fue objeto de polémica política por esta causa, dado que los grupos de la oposición, los de ahora y los desaparecidos tras las últimas elecciones autonómicas, defendían que fuera enteramente público, como el resto de hospitales. Seis años después de su inauguración, el Consello de Contas realizará, con la previsión de concluirla este ejercicio, una amplia fiscalización del Álvaro Cunqueiro, desde el inicio de la redacción del proyecto técnico a la explotación de los servicios con el centro ya a pleno funcionamiento.
Esta tarea de control se hará a iniciativa del propio Consello de Contas, que ya trabajaba en esta línea desde hace tiempo, solo que ahora, en su plan de trabajo de 2022, ha decidido ampliar el ámbito de fiscalización e incluir “la explotación de los servicios recogidos en el contrato hasta el año 2021” dado que el hospital ya lleva cinco años operativo.
¿Qué otras materias analizará? El contrato de concesión para la redacción del proyecto técnico, financiación, construcción y explotación de determinados servicios no clínicos y las actuaciones preparatorias del contrato, así como la adjudicación y ejecución del hospital y su posterior puesta a disposición de la Xunta.
También revisará los peajes a la sombra de las autovías autonómicas
Entre otras novedades que incluirá Contas en su plan de trabajo de este año, presentado con retraso porque hubo que esperar a la toma de posesión de los nuevos miembros, figura también la fiscalización de los contratos de construcción y gestión de las autovías autonómicas financiadas mediante peaje a la sombra –como la de O Salnés, de Barbanza, Santiago-Brión o Dozón-Ourense), en las que la Xunta paga un canon anual a las empresas que las construyeron y se encargan de su mantenimiento.
El control se centrará en los riesgos asumidos por la Administración autonómica al comprometerse a garantizar el reequilibrio económico de las concesionarias en caso de reducción de tráfico y otras causas, además de revisar las solicitudes de compensaciones exigidas por las empresas a raíz de las restricciones de movilidad por la crisis sanitaria, peticiones que la Xunta ha rechazado.
Y también fiscalizará el sistema de saneamiento de las aguas residuales en Galicia, que se rige por dos modelos, el asumido por los concellos y el gestionado por Augas de Galicia. Esta operación de control se hace a iniciativa de Contas, que encuentra justificación para ello en el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra Galicia (realmente la UE actúa contra el Reino de España, aunque luego sus consecuencias se trasladan del Estado a la comunidad) por un deficiente saneamiento de sus rías.
De hecho, el Gobierno central reclamó a la Xunta el pago de algo más de 4 millones de euros por su responsabilidad en la depuración de las aguas de las aglomeraciones urbanas de Vigo y de Ribeira, demanda que avaló el Tribunal Supremo recientemente. El deficiente saneamiento también afecta a Santiago, pero el Ejecutivo central asume que en ese caso es su competencia.
En todo caso, estas tres áreas urbanas ya cuentan con las correspondientes depuradoras operativas.
Como otra novedad, el Consello de Contas también analizará el plan de prevención de la corrupción aprobado el pasado año por la Xunta.