Nueva traba jurídica para la recuperación de uno de los iconos industriales de la ciudad. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha decretado al nulidad del acuerdo del Concello de Vigo y su Modificación Puntual del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Vello de Vigo, en la zona de La Panificadora que daba cobertura a la rehabilitación del inmueble.
En una resolución del 4 de marzo pero publicada ayer, la segunda sala del Contencioso Administrativo ha fallado a favor de Promociones Montelouro, copropietaria de la antigua Panificadora y que demandó el acuerdo de Urbanismo al pasar de una edificabilidad cercana a los 21.950 metros cuadrados gracias a un convenio firmado por el entonces alcalde, Lois Pérez Castrillo, a cero.
Esto se debe a que el nuevo proyecto impulsado por Zona Franca y gobierno local para el edificio solamente contempla usos públicos y la conservación de todo el edificio integrándolo en su entorno. En el texto, los tres magistrados consideran que se ha vulnerado el principio de jerarquía normativa ya que la modificación del PEPRI recoge la localización de sistemas generales y equipaciones públicas, cuando esas determinaciones corresponden al Plan General.
Por tanto, estiman que el Concello debería haber realizado una modificación puntual en el PXOM de 1993 en vigor tras la anulación por parte del Tribunal Supremo del aprobado en 2008. Asimismo, señala que en la modificación puntual del PEPRI aprobada el 21 de diciembre de 2020 no se define si los nuevos equipamientos incardinan dotaciones de un sistema local o general. Al respecto, señala que esa ausencia de definición es “del todo injustificable” en un ámbito de suelo urbano consolidado como este.
La sentencia no elimina la protección especial de la que gozan desde el inicio del proceso los tres silos ni la que se incorporó al resto de la estructura con esta modificación en virtud de la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Además, carga sobre el consistorio y la Sareb –ambas codemandadas– las costas de 1.500 euros del proceso. El Concello ya ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo basándose en los informes remitidos por la Xunta que acreditaban la legalidad de esta modificación y su propia autonomía.
El fallo mantiene vigente la protección sobre el patrimonio construido
En caso de que dicho recurso no prospere, también efectuará un blindaje jurídico al proyecto al incluirlo en el nuevo PXOM que está a punto de aprobarse. Esta opción, si bien retrasará los plazos de ejecución del proyecto, garantizará su protección y ejecución ante nuevas demandas. A través de la concelleira de Urbanismo, María José Caride, consideran que esta sentencia “cercena de forma grave, injustificada y sin amparo legal la autonomía del Concello para atender las necesidades dotacionales de los ciudadanos”.
Por último, lamentan que durante el proceso no se ha citado ni escuchado a Zona Franca como parte interesada, entidad que asumirá los costes de expropiación, rehabilitación y explotación de “uno de los escasos ejemplos de arquitectura industrial de la ciudad que aún se conserva”. Al mismo tiempo, Caride critica que tanto entre 1997 y 2007 los gobiernos de BNG y PP planificaron el derribo de La Panificadora para la construcción de tres torres residenciales con siete plantas y 230 viviendas cada una.
