El exalcalde pedáneo de Bembrive vuelve al banquillo acusado de hacer contratos a dedo

Al exalcalde pedáneo de la Entidad Local Menor de Bembrive se le acumulan las causas judiciales. Con dos condenas penales firmes a sus espaldas relacionadas con su labor al frente del ente, la primera de las cuales conllevó precisamente su cese en el cargo, Roberto Ballesteros volverá al banquillo acusado de un delito de prevaricación administrativa por supuestamente hacer medio centenar de contrataciones a dedo por valor de 784.000 euros vulnerando “de forma grave y grosera” toda la normativa que rige la contratación del sector público.

En palabras de la Fiscalía, las hizo “de forma directa y verbal”, algo “prohibido” por ley, sin incoar expedientes de contratación y, además, “sin contar con presupuesto” para dichas obras o servicios. De hecho, para pagar esos trabajos pasados al cobro la mayoría de ellos “al cabo de los años” hubo que tirar del remanente de tesorería de la entidad, existente gracias a los ingresos de unas antiguas expropiaciones.

El juicio será el próximo martes en la Audiencia de Vigo y es posible que se zanje con una conformidad. A la espera de lo que suceda en la vista, la acusación pública pide en su escrito provisional 12 años de inhabilitación para empleo y cargo público, pena que se reduciría en caso de acuerdo. En sus anteriores condenas ya fue sentenciado a inhabilitación y en una, además, a dos años y dos meses de prisión.

Fue en 2016, relata el fiscal, cuando el excalde pedáneo inició un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para abonar 52 facturas por un importe global de 784.399 euros correspondientes a ese año y a los tres anteriores (2013, 2014 y 2015). Todas se debían a contrataciones efectuadas “a su arbitrio” por el acusado –de obras, prestación de servicios o adquisición de suministros– y sin incoarse los obligados expedientes.

Tampoco se habían pedido al interventor los preceptivos informes previos sobre certificación de existencia de crédito presupuestario para afrontar el coste . Y ello, sostiene el Ministerio Público, “al ser consciente” Ballesteros de que no había dinero suficiente para dichas inversiones.

Sin pedir tampoco un suplemento de crédito presupuestario, ahonda la acusación, el encausado “contrataba directamente la realización del gasto con quien tenía por conveniente” sin, en definitiva, seguir el procedimiento legal y evitando así enfrentarse a la advertencia formal de que no podían ejecutarse los trabajos por falta de presupuesto. El fiscal prosigue que fue en 2016, al pasarse las facturas al cobro, cuando el secretario y el interventor del ente se enteraron de los gastos, viéndose obligados, dado que los contratos estaban ejecutado, a seguir el procedimiento excepcional de reconocimiento extrajudicial de créditos para abonar las facturas, teniendo que acudir al remanente de la entidad.

Un “skate park”

De las 52 facturas, resume el fiscal, 49 deberían haberse contratado por el sistema de contratación menor, otras dos por el procedimiento negociado sin publicidad –la retirada de un vertido incontrolado y la construcción de un skate park– y la última –de repostaje de combustible– tendría que haber seguido el procedimiento de licitación pública.