Tras casi nueve meses de espera, las profesionales pudieron conocer de primera mano cómo se encuentra el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra (COEPO) al celebrarse la primera asamblea tras la intervención judicial del órgano, que decretó poner al frente a dos administradores judiciales. Esta medida la motivó el arresto en marzo de su presidente durante 36 años, Carlos Fernández, así como su mujer, Carmen Gayoso y su hija Estefanía, investigados por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal.
La denuncia –interpuesta por el propio secretario de la institución– cifra en más de 10 millones el supuesto fraude orquestado por la familia. En la causa, hay más investigados.
Desde entonces, los y las enfermeras criticaron la falta de información respecto a la situación del Colegio así como la dimisión “en bloque” de la actual Junta directiva, al sobreentender que “creo que están haciendo lo mismo que hacía él [el presidente], que era robar”.
Argumentan también esta petición en la sentencia emitida por un juzgado de Pontevedra que obliga a repetir los comicios de 2018 si bien la dirección del Colegio, en lugar de acatarla, “quiere recurrir”. “No es de recibo que se aferren a sus carguitos a costa del dinero de los colegiados sin dar explicaciones. Parece que quieren mantenerse en el puesto calentando el asiento del presidente por si vuelve”, denunció
La asistencia a dicha asamblea no reunió ni a una décima parte del total de colegiados, concretamente la cifra rondaba la veintena, cuando son cerca de 3.800 los colegiados en toda la provincia. De igual modo, estos asistentes, concretamente la asociación Enfermeras de Pontevedra sí quiso dejar patente su malestar con el devenir del Colegio. “No sabemos qué pasa, quién lleva el colegio, en base a qué se toman las decisiones... y la Junta no se ha desmarcado de la actuación del presidente” , explica Catuxa Langarón, portavoz del colectivo, quien ha recordado que todos los profesionales continúan pagando “religiosamente” sus cuotas y que merecen “explicaciones”.
La asamblea, que se celebró en cerrado, sin la presencia de medios, se prolongó más de tres horas, donde los administradores además de dar cuenta de los presupuestos de los últimos ejercicios, desglosó su informe económico, también derivado al juzgado y del que se hizo eco FARO DE VIGO en octubre: revela un “incumplimiento general” de los estatutos sobre la gestión económica de la institución e “irregularidades” en las cuentas.
