La ilegalidad de la ampliación de la concesión de la AP-9 a Audasa no lo investigará solo la lupa de Europa. El propio Gobierno español, a través de un comunicado del Ministerio de Transportes (antiguo Fomento) ha mostrado su “colaboración” con Bruselas, al menos en cuanto a la última prórroga concedida a Audasa y que fijaba su explotación hasta el año 2048.
El Ejecutivo central incide en que la apertura del procedimiento infractor de la Unión Europea contra España es debido a que “presuntamente” en el año 2000 no se respetaron “las normas relativas a los contratos de concesión de autopistas de la UE a la hora de prorrogar el contrato de construcción, explotación y mantenimiento de la autopista del Atlántico (AP-9)”. Hay que precisar que la denuncia de En Colectivo versa sobre esta prórroga y la rubricada en el 1994, con un gobierno socialista y en la que tampoco, tal y como recoge la asociación, se sacó a concurso público dicha explotación. En su comunicado, el Gobierno no hace referencia a esta última.
Incide en que la prórroga “cuestionada” por Bruselas se aprobó en el 2000 –vía Real Decreto 173/2000 de 4 de febrero– como “compensación por la construcción del tramo de autopista Fene-Ferrol, de 9,1 km, por la rebaja de tarifas aplicada y para compensar la gratuidad del peaje para movimientos internos en el entorno de Vigo, así como la gratuidad para los movimientos internos en el nuevo tramo Fene-Ferrol”.
A este respecto, el Ministerio aclara que esta ampliación se realizó durante el Gobierno popular de José María Aznar, cuando la empresa era “cien por cien pública” y “tres años antes de su privatización”.
Por todo ello, el Gobierno se compromete a colaborar “activamente” con Bruselas y se desmarca de la decisión tomada por “otro gobierno hace más de veinte años”. Es más, defiende que las actuales políticas van en “dirección contraria” a las tomadas por Aznar. Así, rechazan prorrogar concesiones de autopistas y plantean “un nuevo sistema de financiación de la red de carreteras”. “Es nuestra responsabilidad velar por el interés común”, concluyen.
Crónica judicial de una larga lista de desacuerdos
La advertencia de la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión de la autopista AP-9 hasta 2048 sin sacarla a licitación el último capítulo de una larga crónica que en no pocas ocasiones ha acabado en los tribunales. La autopista que vertebra Galicia es una de las más caras de España y su peaje uno de los más largos de la historia, salvo que la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de Europa Comisión Europea pongan fin a la actual concesión.
Las exigencias sociales en demanda de la supresión de los peajes y las negociaciones del Gobierno para abaratar los viajes en la autopista no fueron obstáculo para que la concesionaria propusiera una nueva prórroga de la concesión el pasado mes de enero. Audasa esgrimía que las restricciones de movilidad impuestas durante la pandemia repercutieron de forma negativa. En un escrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores planteaba una prórroga de la concesión para recuperar el equilibrio económico por caída de tráficos y usuarios.
El supuesto cobro abusivo de peajes durante las obras de ampliación con dos nuevos carriles del puente de Rande, que causaron importantes retenciones y malestar entre los usuarios, llevó la situación a los tribunales de la mano de la Fiscalía de Pontevedra. Audasa fue absuelta, pero el Ministerio Público ha recurrido ante el Supremo la sentencia que evita la devolución de los peajes.
Otro desencuentro entre la concesionaria de la AP-9 con las administraciones que acabó también en los juzgados es el sistema empleado por el Gobierno para calcular cómo debe compensar a Audasa por “peajes en la sombra” como la gratuidad de O Morrazo.A principios de 2020 el Supremo emitía un fallo favorable a Audasa avalaba que debía ser indemnizada e instaba a anular los cambios en la fórmula que el Ejecutivo aplicó en 2017.
El Tribunal Superior de Xustiza respaldó el año pasado el canon anual que reclamaba el Puerto de Vigo a la concesionaria de la autopista por tasas de ocupación y actividad en el puente de Rande, unos 43.000 euros.
