Ni olvido, ni perdón. La picaresca sale cara en la AP-9. Aunque, como le acaba de ocurrir a un conductor de Pontevedra, su factura tarde años y años en llamar a la puerta. Tras un cambio de década, con una crisis económica, una pandemia e incluso la ampliación de parte de la propia AP-9 mediante, J.B. –vecino de la urbe del Lérez– ha visto cómo Audasa contactaba con él vía judicial para reclamarle 1.400 euros por peajes impagados hace más de una década. El montante se acumuló a lo largo de 327 recorridos que completó con su coche entre la primavera 2006 y el otoño de 2012.
El afectado reconoce que –al igual que otros “muchos conductores”– “pasaba en cola” por el puesto de telepeaje: se acercaba al vehículo que tenía delante y franqueaba la barrera sin que se llegase a activar su OBE. Lo que lamenta, recalca, es recibir la exigencia de cobro ahora, más de una década después del primer trayecto, por un montante que supera los 1.400 euros. A raíz de la anterior crisis económica perdió su empleo en 2013 y ahora, explica, ya no utiliza la AP-9.
“El peaje me parecía un abuso y el descuento, pírrico”, apunta J.B., que utilizaba la autopista para desplazarse desde Pontevedra a su puesto de trabajo, en Santiago. El primer viaje sin pagar detectado por Audasa data del 27 de mayo de 2006; el último, de más de seis años después, el 18 de octubre de 2012.
Durante ese período la concesionaria –como recoge en la demanda que ha interpuesto– detectó que el coche de J.B. “pasó por las vías dinámicas de diferentes estaciones sin abonar el perceptible peaje”, lo que deja un saldo total de “tránsitos adeudados” que se eleva a 1.400 euros. Las estaciones que se “saltó” se reparten por Figueirido, Alba, Teo. A la factura acumulada en gravámenes Audasa añade los costes administrativos de la propia reclamación, que entre certificados y la notificación rondan los 40 euros. La minuta total que exige ahora al conductor sube así a 1.449.
Audasa se habría dirigido ya a J.B. en diciembre del año pasado a través de un burofax en el que informaba de la deuda y detallaba el listado de trayectos. Su correo terminaba invitando al conductor a que “regularizase” su situación en un período de quince días. “Vencido el plazo trasladaremos el expediente a nuestra asesoría jurídica para que proceda a su reclamación en vía judicial”, advertía. Meses más tarde –ya en julio de 2021– la concesionaria se dirigía al juzgado para solicitar que se iniciase el proceso de cobro. La justicia emitía un requerimiento poco después en el que da a J.B. un plazo para abonar los 1.400 euros o, en caso de que rechace pagar, detallar sus razones. “No sé cómo me lo piden ahora”, lamenta el conductor de Pontevedra, que insiste en que utilizaba la autopista para desplazarse entre su hogar y su puesto de trabajo.
Audasa no es la única concesionaria que ha plantado cara a la picaresca en el pago de peajes. Hace años concesionarias de autopistas portuguesas activaron también una ofensiva para reclamar a conductores españoles el pago de telepeajes que se habían “saltado” en su día. En 2014 el despacho que las representaba, con sede en Huelva, llegó a asegurar que había tramitado 5.000 reclamaciones de usuarios de la provincia de Pontevedra por gravámenes adeudados desde 2009. En el conjunto de Galicia las notificaciones ascendían –según los datos del bufete– a 40.000. A diferencia del sistema de la AP-9, en viales lusos como la autopista A-3 el carril de telepeaje, el “Vía Verde”, carece de barrera. Al atravesarlo el sistema de lectura de la empresa activa el dispositivo OBE que deben llevar los usuarios en su vehículo.
