¿Hay algún supuesto que justifique la vacunación obligatoria? ¿Qué ocurre con los que se reincorporan a sus trabajos sin el certificado COVID? ¿Pueden las empresas forzar o perjudicar a los que no hayan querido vacunarse? Si ya la cuestión sobre la inmunidad contra el coronavirus generó un amplio debate nada baladí lejano al acuerdo, el asunto todavía se recrudece más cuando se trata de menores. Y es que aunque el niño tenga voz, son los padres o madres separados los que deben decidir si reciben la vacuna o no. El verdadero problema reside cuando uno de los progenitores se niega. En este caso, es el juzgado quien tiene la última palabra.
“Si los informes médicos no aprecian ninguna intolerancia, los jueces avalan la vacunación”
Esta problemática ya está sobre la mesa de las salas de Familia de Vigo, que recibieron la primera demanda por la negativa de un padre a vacunar contra el COVID a su hijo menor de edad frente al criterio no negacionista de la madre, que sí opta por la inmunización. Tras la admisión de la demanda, el juzgado escuchará a ambos progenitores y a la Fiscalía en una vista o audiencia previa –si el menor es mayor de 12 años también podrá mostrar su parecer– y el magistrado emitirá un auto otorgando la potestad de decisión al padre o a la madre. “En estos casos debe primar siempre el interés del menor. En otros casos donde hubo discrepancias en vacunar o no a los hijos, si los médicos no advierten ninguna intolerancia, los jueces son favorables a la vacuna”, explica el letrado Carlos Borrás.
“Es una cuestión compleja porque esta vacunano está incluida en el calendario de la Xunta”
La diferencia clave entre esta demanda y otras que ya se han interpuesto en los juzgados sobre la administración de vacunas a menores reside en que la del COVID no figura en el calendario de vacunación de la Xunta de Galicia, por lo que resulta complejo establecer un patrón o jurisprudencia. “Es una cuestión jurídica compleja y completamente nueva. La clave aquí es que no está incluida en el calendario de vacunación y no es obligatoria, por lo que el juzgado no puede autorizar que el menor se vacune, sino dar la potestad a alguno de los dos padres para que decida”, argumenta la abogada Isabel Olcina. Más tajante se muestra a este respecto el letrado Alejandro Vega, quien lamenta que los padres tenga que llegar a pleitear por la administración de la vacuna contra e COVID a los menores.
“Es una lástima que los padres lleguen al punto de pleitear por la vacuna de los hijos menores”
Casos de esta naturaleza cuentan con precedentes en los tribunales vigueses. Y es que ya con anterioridad, el juzgado de Primera Instancia 5, con posterior ratificación de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, autorizó al padre de dos menores a decidir sobre su vacunación frente al criterio y negativa de la madre, quien alegaba entonces “prejuicios sobre la seguridad de las vacunas” e incidía en la “voluntariedad” de su administración.
A este respecto, la Audiencia civil de Vigo defendía que “no solo no se ha acreditado desde el punto de vista médico que las vacunas causen perjuicio para la salud, sino que, por el contrario la mayoría de los estudios científicos sobre la materia llevan a concluir que los beneficios de las vacunas son innegables tanto a nivel individual como poblacional”. El tribunal provincial no discute “el derecho de los progenitores a defender las creencias que estimen oportunas o el sistema de educación y vida de sus hijos [...] pero siempre que no resulte perjudicial para los mismos”.
“Es probable que los padres con discrepancia en las vacunas habituales lo sean con la del COVID”
Ambos casos podría parecer idénticos si bien es la no inclusión de la vacuna contra el COVID en el “Programa y calendario gallego de vacunación infantil”, mientras que la vacuna de este último caso sí estaba contemplada en él, las que marcará las diferencias. “Es muy probable que los progenitores separados que han tenido discrepancias sobre las vacunas que ya están recogidas en el calendario de la Xunta también muestren sus diferencias en la del COVID. Puede convertirse en una demanda habitual”, valora el penalista y también abogado de Familia, Guillermo Presa.
La proximidad del comienzo del curso escolar y las recomendaciones de la comunidad educativa y Xunta en favor de esta vacunación son otras razones de peso que pueden elevar este número de demandas. “Muchos de los pleitos de Familia son cíclicos. Por ejemplo, en marzo nos encontramos con litigios entre padres por la elección o cambio de colegio, en verano porque un progenitor no le da al otro el DNI para que el niño viaje o no quiere que vaya a determinado lugar... Y ahora que empieza el curso crecen las demandas por las vacunas ”, justifica Olcina.
Esta discrepancia en la administración de la vacuna contra el COVID no es exclusiva entre progenitores. Tanto es así que las salas de Familia registraron cerca de una docena de casos en los que los tutores de personas incapacitadas también eran reacias a su inmunidad. “El procedimiento es parecido, a la persona incapaz se le realizó un reconocimiento forense y al apreciar que no tiene ninguna incompatibilidad a la misma, se dicta un auto autorizando la vacuna. Este verano nos encontramos con varias”, explican fuentes judiciales.
