Uno de los eternos problemas de la Administración de Justicia es su crónico atasco. La crisis derivada del COVID amenaza con una avalancha de litigios y, por tanto, con agravar ese colapso. Pues esta es una de las cuestiones que se tuvieron en cuenta en el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia aprobado en diciembre. Un texto legal en preparación que apuesta por los denominados métodos alternativos de solución de conflictos en los asuntos civiles y mercantiles como paso previo obligatorio antes de presentar una demanda judicial. ¿A qué métodos se refiere esta reforma que ve clave su implantación para impulsar una Justicia “sostenible”, frenar la “sobrecarga” de los tribunales y rebajar el “conflicto social”? Pues a aquellos que apuestan por la “capacidad negociadora”: junto a la conciliación o la negociación entre las partes o sus abogados, se cita expresamente la mediación, una fórmula que no es nueva en los juzgados de Vigo pero que, al menos hasta ahora, no ha acabado de despegar.
"La vida diaria debe desjudicializarse; nadie conoce mejor sus conflictos que uno mismo"
“Es absolutamente necesario desjudicializar la vida diaria, nadie conoce mejor sus conflictos que uno mismo”, afirma el procurador Manuel Castells, coordinador de una asociación, Eutopía, que apuesta decididamente por la mediación. No es una lucha fácil, porque a esta fórmula en la que se recurre a un tercero imparcial para resolver el conflicto le cuesta afianzarse en Galicia como alternativa a los litigios. “¿Por qué? Quizá por la idiosincrasia del ciudadano o porque nos gusta estar excesivamente tutelados por la Administración”, opina.
"Es positivo que se apueste por métodos alternativos, pero se hace de forma genérica"
¿Supondrá la futura ley de eficiencia procesal el impulso definitivo a la mediación? Pues los profesionales que trabajan en este ámbito o en el judicial avisan de que tal y como está planteado el anteproyecto se podría perder la oportunidad de darle ese empujón que tanto necesita. “Cuando nos empezaron a hablar del anteproyecto lo acogí con ilusión, pero, tras leerlo, resultó una frustración, ya que tal y como está redactado convierte la mediación en un mero trámite; confío en que [el texto legal] se modifique, es necesario para que sea realmente efectivo”, afirma la psicóloga Nuria González, con gran experiencia en este campo, tanto en los servicios de mediación intrajudicial de los juzgados de Familia de varias urbes gallegas como en la actualidad a nivel privado.
"El texto legal necesita modificaciones, trata la mediación como un mero trámite"
Nuria González mediaciones junto a la abogada Blanca Otero. Esta letrada valora que se apueste por métodos alternativos de resolución de conflictos tanto en el anteproyecto de eficiencia procesal como en el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, destaca, “incluye la justicia restaurativa y por tanto la mediación en el ámbito penal”. Pero además de claros, hay oscuros, e igual que Nuria teme que la mediación no acabe adquiriendo el protagonismo que necesita. “Al incorporar la mediación junto a otros métodos como la conciliación o la negociación, realmente no supone un impulso, sino que se diluye...; hay una regulación genérica sin medidas concretas”, analiza.
"Ponemos reparos a que sea obligatorio; y hay que garantizar la confidencialidad"
Lourdes Carballo, decana del Colegio de Abogados de Vigo, cree que los métodos alternativos no deben ser obligatorios, sino voluntarios. Y afirma que hay que garantizar la “confidencialidad” y siempre debe haber “asistencia letrada”.
El servicio de los juzgados de Familia fracasa al sumar tres años sin casos
La experiencia de la mediación en Vigo arrancó en los juzgados de Familia. Lo hizo hace ya casi una década, en 2012, cuando se ponía en marcha el servicio de mediación intrajudicial dependiente de estos tribunales. Durante cinco años y medio, en los que la oficina estuvo a cargo de la Universidad, se derivaron 900 asuntos de parejas en proceso de separación o divorcio, lográndose acuerdos en 120 de ellos, es decir, en el 15%. El problema es que en julio de 2018 el servicio dejó de funcionar al no renovarse el convenio con la institución universitaria. Y desde entonces, pese a que ya transcurrieron casi tres años y entremedias se anunció su reactivación, no ha recibido ni un solo caso.
Tras ese cierre de 2018, la Xunta firmaba en 2019 un nuevo convenio con el Colegio de Abogados de Vigo y el Colegio de Psicología de Galicia, que implicó también a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mediación intrajudicial familiar para tratar de resolver conflictos de parejas en proceso de ruptura –sobre todo los relativos a la pensión de alimentos y el régimen de visitas de los hijos menores de edad– iba a reactivarse. De hecho llegó a haber más de cien letrados apuntados en la lista oficial para ejercer como mediadores tras recibir formación. Pero la realidad es que nunca llegaron a recibir ni un solo caso procedente de los juzgados de Familia. Ni en 2019, ni en 2020 –cuando irrumpió la pandemia del coronavirus– ni tampoco en lo que va de este 2021.
El convenio ya no está en vigor. La decana de los abogados, Lourdes Carballo, afirma que se continúa apostando por este servicio y que en la actualidad el colegio “está pendiente” de la firma de un nuevo convenio con el gobierno autonómico para ponerlo otra vez en marcha. A la espera de si se consigue reactivar el servicio, otra experiencia pionera que se llevó a cabo en los juzgados de Vigo sin que tuviera continuidad fue la mediación penal: se hizo en un caso de un atropello mortal.
