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La Justicia ratifica 470.000 euros de multa fiscal por una trama de venta de motos

El caso acabó en absolución penal, pero la Audiencia Nacional confirma la sanción de Hacienda a un negocio que recibía vehículos de Alemania

El Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo primero y la Audiencia Provincial de Pontevedra después emitieron ya en 2017 sentencia absolutoria en un caso por un presunto fraude de IVA de casi seis millones de euros y que involucraba al que llegó a ser el mayor concesionario de motocicletas de Galicia, ubicado en la ciudad olívica, y a su filial, con sede en Mos. La vía penal no prosperó, pero la Agencia Tributaria siguió adelante con su procedimiento administrativo y ahora la Audiencia Nacional acaba de confirmar y declarar “conforme a derecho” los acuerdos de liquidación y sanción dictados en relación a uno de esos negocios, Bike&Price S.L. Un establecimiento que durante los años 2006, 2007 y 2008 llegó a acumular, según dicho expediente, una deuda tributaria de 991.000 euros y que sumó una multa, por esos mismos ejercicios, de algo más de 471.000 euros. El informe refiere otra sanción de 2005 de más de 241.200 euros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en una sentencia de abril, desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación del establecimiento contra los acuerdos de la Agencia Tributaria. El negocio se oponía a dicha multa destacando que los hechos declarados probados en la sentencia penal absolutoria suponían “una barrera” que impedían esta actuación de Hacienda e incidiendo que este antiguo procedimiento “no acreditó la existencia de una trama defraudatoria del IVA ni la falsedad de las facturas”.

Pero la Audiencia Nacional no comparte dicho criterio. “La sentencia penal es absolutoria, pero no excluye la regularización practicada porque no contradice los hechos probados”, se afirma. Y se añade en el mismo fallo: “El acuerdo sancionador motiva suficientemente el elemento subjetivo de la culpabilidad pues describe como la actora aportó documentación con el fin de hacer ver que las operaciones [de compraventa de motocicletas] se habían realizado en España y no en Alemania para justificar la sujeción al impuesto, poniendo así de manifiesto como mínimo la negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y que existían elementos que debían haberla llevado a entender que formaba parte de la estructura de una trama de fraude al IVA”.

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