Un total de 26 cuentas bancarias, de seis entidades y de siete personas físicas con un saldo que asciende a los 234.000 euros. Esta es la cantidad que la UDEF de la Policía Nacional ha bloqueado dentro del procedimiento judicial que rodea al Colegio de Enfermería de Pontevedra, concretamente a sus tres principales investigados, su presidente Carlos Fernández, su mujer Carmen Gayoso y su hija Estefanía. El Juzgado de Instrucción 2 de Vigo en el marco de estas actuaciones a remitido un oficio al grupo de blanqueo para revisar y bloquear las cuentas tanto de la familia como del propio órgano colegial y las empresas vinculadas al mismo: Galaprint, Gestión Jurídica Gallega, IGAF, Sindicato de Enfermería Galega y Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade.
Cuatro cuentas del órgano
Es precisamente la propia institución, el Colegio, el que alberga mayor cuantía, siéndole bloqueados hasta 83.267 euros, el saldo disponible en hasta cuatro cuentas de tres bancos diferentes (en una de ellas sin saldo). La cifra semeja elevada pero sustancialmente lejos del mínimo que ingresa anualmente por las cuotas colegiales, que ascendería a los 900.000 euros.
Sedes
En cuanto al resto de firmas, Sindicato Galego atesora cerca de 39.000 euros, seguido por IGAF con 18.000, Gestión Jurídica Galega con 10.900, el Sindicato de Enfermería con 4.000 y, por último, Galaprint con 3.013 euros, entidad con el mismo local social que la del Colegio en Vigo –Aragón, 197– y propietaria de buena parte de las sede del órgano tanto en la urbe olívica como en Pontevedra; y a quien la institución abonaba, según la denuncia inicial que abrió esta causa penal, un arrendamiento anual superior a los 80.000 euros de media.
En cuanto a la familia Fernández Gayoso, el crédito embargado –perteneciente en algunos casos a cuentas bancarias que comparten con otros familiares– asciende a los 75.000 euros.
Arresto
Este mandamiento judicial fue remitido tan solo un día antes del arresto del que fue presidente del Colegio durante 36 años, su mujer y su hjia, los tres en prisión provisional investigados por supuestos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. Recientemente la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha ratificado esta medida privativa de libertad ante un posible riesgo de obstrucción a la Justicia. Y es que se incide en la necesidad de evitar “que los investigados puedan influir en los testigos que aún no han declarado” y que estarían“ presuntamente vinculados con los mismos por contratos privados o dependencia económica”.
Así, matizan los ponentes en su auto que sería “aconsejable” que la toma de declaración a estos testigos se efectuase “a la mayor brevedad” dado el carácter “excepcional” de la prisión provisional.
Nuevas declaraciones
Tanto es así, que ayer fueron citadas dos miembros de la Junta de Gobierno y una economista para tomársele declaración, en calidad de testigos. Previa comparecencia, una de estas vocales aseguró a este periódico que, en los años que estuvo en el Colegio, no fue consciente de ningún fraude ni que las cuentas del Colegio hubiesen hecho frente a pagos que no fueran propios del órgano colegial.
