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Rebelión del personal del Registro Civil por su traslado al Casco Vello: “Es inviable”

Funcionarios del Registro Civil, ante decenas de antiguos libros que resultan imprescindibles en su trabajo. // Alba Villar

Pocas reformas se han eternizado tanto como la del Registro Civil. La ley se aprobó en 2011 y, una década después, sigue en situación de vacatio legis. Aunque ya por poco tiempo porque su entrada en vigor, salvo sorpresa, es inminente. El cambio legal tuvo muchas idas y venidas, distintos enfoques que no estuvieron exentos de polémica, pero finalmente y pese a que se suprimirán los juzgados que han venido ejerciendo estas funciones para sustituirlos por las que se denominarán oficinas generales del Registro Civil, este servicio seguirá integrado en la Administración de Justicia.

Pese a ello, el Registro Civil de Vigo, que está en la actualidad en uno de los edificios judiciales de calle Lalín, se quedará fuera de la futura Ciudad de la Justicia. La intención de la Xunta es llevarlo al edificio de la calle San Sebastián del Casco Vello. Algo contra lo que se rebelan los funcionarios de la oficina. “No es el no por el no”, advierten primero. Se oponen a dicha ubicación porque la ven “inviable”. No es “funcional” para la labor que realizan: el espacio no resulta suficiente, la distribución no es adecuada y los accesos a ese punto de la parte alta del barrio histórico no son idóneos para un servicio al que van decenas de personas a diario, entre las que hay gente mayor o madres que acaban de dar a luz y llevan a sus bebés en carrito.

Edificio del Casco Vello al que se quiere trasladar la oficina. // Pablo Hernández

Junto a inscripciones de nacimiento, defunción o matrimonio, el Registro Civil emite los certificados de dichos hitos y fes de vida, entre otra documentación. Celebra bodas y se encarga de la tramitación inherente a las mismas, lleva nacionalidades y tiene encomendadas multitud de funciones más, como cambios de nombre y apellidos, cambios de sexo o los duplicados de los libros de familia. En la oficina, junto a la magistrada y la letrada de la Administración de Justicia, trabajan 17 funcionarios. “Aquí viene mucha gente a diario y buena prueba de ello son las colas que se forman”, cuentan los trabajadores.

Apoyo de SPJ-USO

El sindicato SPJ-USO ya elevó un escrito a la Xunta apoyando la reivindicación de los funcionarios y denunciando que el edificio del Casco Vello “no es la solución”. “Se precisa espacio para crear un gran archivo para los libros y la documentación de este organismo, que se remonta a 1871”, indica. Tal y como está diseñado el inmueble del barrio histórico, para contar con un mostrador adecuado de atención al público el archivo ya no podría situarse cerca del personal, “por lo que habría que estar moviendo libros de una planta a otra”.

Otro “gran” problema son los accesos a este edificio ubicado en plena zona vieja y el que no se pueda aparcar al lado. “Es un obstáculo, porque al Registro Civil van a diario personas de avanzada edad que acuden a por fes de vida para seguir cobrando sus pensiones; muchas sufren alguna discapacidad e incluso se desplazan en silla de ruedas”, afirma la delegada de SPJ-USO en Vigo, Yolanda Rodríguez. “O madres recién salidas del hospital que van a inscribir a sus bebés”, agrega. No es fácil llegar y tampoco existe, avisa, un espacio cubierto que sirva de zona de espera para los ciudadanos: “¿Si llueve van a estar a la intemperie haciendo cola?”.

Los funcionarios suscriben estas palabras. El sindicato reclama que el Registro Civil vaya para la Ciudad de la Justicia y los trabajadores lo ven una solución idónea, ya que el futuro complejo tendrá espacio suficiente. El personal incluso vería con buenos ojos quedarse donde están, en la calle Lalín, donde, tras el traslado de los juzgados a Pizarro, incluso dispondrían de más sitio. “Lo que queremos es un lugar adecuado; y el Casco Vello no lo es de ninguna manera”, concluyen.

La Junta de Personal reclama un mejor archivo y vigilancia las 24 horas en la Ciudad de la Justicia

Con el traslado que se efectuará desde la calle Lalín cada vez más próximo, poco a poco van trascendiendo datos sobre cómo se distribuirán los juzgados y el resto de servicios en la Ciudad de la Justicia. La Junta de Personal de la Administración de Justicia de la provincia de Pontevedra acaba de remitir un escrito a la Xunta solicitando ciertas modificaciones en el proyecto y proponiendo soluciones. Una de las reivindicaciones es precisamente que el Registro Civil, al frente del cual tras la reforma legal seguirá personal judicial, vaya también para Pizarro. Entre otros motivos, destacan que muchos ciudadanos que van a esta oficina lo hacen porque necesitan documentación para pleitos judiciales. “Debe de estar en la Ciudad de la Justicia”, pide el presidente de la Junta de Personal, Julián González Junto a ésta, a continuación se detallan otras reivindicaciones:


Problemas para guardar pleitos y pruebas de delitos

“En los planos que nos facilitaron no se contempla espacio para archivo general de expedientes y piezas de convicción”, indican en el escrito, añadiendo que la solución que se da, “ 300 o 400 metros” en el sótano, es “insuficiente”. Dado que el “papel 0” aún es una “quimera” y que es previsible que se tenga que disponer de una localización externa para depositar este material, se pide que se diseñe ya un sistema tipo valija u otro “más oportuno y eficaz”.


El servicio de atención a la víctima, mejor en el hall

Otra cuestión que plantea la Junta de Personal es que el servicio de atención a los ciudadanos y a las víctimas esté “en el hall de entrada”: que sea “fácil de localizar” y que disponga de “intimidad” a la hora de tratar cuestiones relacionadas con la violencia de género o asuntos sociales. Ven además insuficiente el espacio destinado a la oficina de registro de demandas o a los funcionarios del Imelga.


Vigilancia constante y más salas de declaraciones.

Hay más reivindicaciones. Una de ellas es que la Ciudad de la Justicia tenga vigilancia las 24 horas. También se reclama videovigilancia en los garajes –y que el personal pueda aparcar libremente por orden de llegada– y, por otra parte, que haya más salas de declaraciones y comparecencias en los juzgados.

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