La representación legal del Colegio de Enfermería de Pontevedra, personada como acusación particular en la causa que se sigue contra su presidente Carlos Fernández, su mujer Carmen y su hija Estefanía por un presunto desfalco de hasta 11,5 millones del órgano colegial, presentó a última hora de ayer un escrito ante el juzgado que dirige esta investigación solicitando una diligencia para que los miembros de la Junta de Gobierno sean llamados a testificar de forma voluntaria al entender que su testimonio sería útil para esclarecer los hechos.
Precisamente no se ha cumplido todavía una semana desde que el Juzgado de Instrucción 2 de Vigo citó a declarar a los administradores de Galaprint, IGAF y Gestión Jurídica Gallega, tres empresas vinculadas a la entidad colegial, en calidad de investigados y en presencia de sus abogados. Considerados en realidad supuestos testaferros al estimarse que no tenían intervención efectiva en dichas sociedades, más allá de figurar como responsables de las mismas sobre el papel, los tres investigados se acogieron a su derecho a no declarar ante el magistrado que instruye la causa penal.
