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Un presunto testaferro del entramado del Colegio de Enfermería: “No tengo nada que ver; yo era un trabajador de mantenimiento”

J. Faustino Portela (centro), con Joaquín Llorca y Jorge Rouco, todos ellos denunciantes, ayer. | // M.G. BREA

El eterno presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández Gómez, está a punto de cumplir junto a su esposa Carmen Gayoso Pereiro y su hija Estefanía sus primeras tres semanas en prisión provisional por el procedimiento judicial abierto por una sucesión de presuntas irregularidades en la entidad que habrían dado lugar a un desfalco superior a los 11 millones de euros. Con el órgano colegial ya bajo el control de dos administradores judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Vigo sigue dando pasos en estas complejas pesquisas. Y ayer mismo comparecieron ante él en calidad de investigadas las personas que constan formalmente como administradoras de tres empresas existentes en torno al colegio y que de hecho tienen idéntico domicilio social que la sede viguesa de dicha institución: la calle Aragón 197.

Considerados en realidad supuestos testaferros al estimarse que no tenían intervención efectiva en dichas sociedades, más allá de figurar como responsables de las mismas sobre el papel, los tres investigados –una enfermera colegiada, otra profesional del mismo sector que durante casi una década fue vicepresidenta del colegio y un hombre que se dedicaba a realizar labores de mantenimiento y recados en el colegio– se acogieron a su derecho a no declarar ante el magistrado. Asistidos por abogados de oficio, dos comparecieron de forma presencial en el juzgado y otra investigada lo hizo por videoconferencia desde Ponferrada (León). En los pasillos, mientras abandonaba la sede judicial, uno de estos investigados señalaba que no tenía nada que decir al ignorar lo qué había ocurrido en relación con este entramado. “Yo era un trabajador de mantenimiento, no tenía nada que ver con todo esto”, afirmó.

¿Cuáles son las empresas administradas por los investigados? Una es Galaprint S.L., constituida en 1993, que tiene como objeto social entre otros servicios la impresión de textos e imágenes. Según la denuncia, consta como dueña de buena parte de las dos sedes –Vigo y Pontevedra– del Colegio de Enfermería, entre otras propiedades, pero carecería de trabajadores o de espacios propios de actividad. Otra de las empresas es formativa, Instituto Galego de Formación Sanitaria y Promoción Social (IGAF S.L.), constituida en 1995, y la tercera, nacida en 2003, es Gestión Jurídica Gallega S.L., de asesoría jurídica.

Uno de los tres grandes bloques de la denuncia presentada por el secretario del colegio, José Faustino Portela, y otros trabajadores se basa en los supuestos movimientos económicos irregulares y el entramado de empresas existentes en torno a la entidad, a las que se unen varios sindicatos y asociaciones. El segundo bloque tiene que ver con los procesos electorales. Y el tercero se centra en el funcionamiento orgánico de un colegio que representa a miles de enfermeras y enfermeros de la provincia pontevedresa.

El denunciante: “Mis sospechas se dispararon tras el despido del economista”

En la maratoniana jornada de ayer también fueron citados como testigos el impulsor de la denuncia, José Faustino Portela, secretario del Colegio de Enfermería de Pontevedra, junto a Joaquín Llorca, exdirector de Comunicación de la entidad, y Jorge Rouco, vocal de la junta de gobierno y excoordinador de Formación, ambos también denunciantes. Junto a la ratificación de la denuncia, se personaron como acusación. Portela, vocal de la entidad desde 1998 pero que no tuvo atribuciones hasta 2018, declaró durante dos horas. Al acabar, en declaraciones a los periodistas, explicó que denunció al ver unas “irregularidades” que podrían llevar al órgano colegial “a su descalabro orgánico y económico”. En 2019 fue cuando, afirma, descubrió todo. Ante el juez detalló las presuntas irregularidades en torno al colegio y las empresas: “Había que dar fe de las actas y no cuadraban las cosas”. Las sospechas arrancaron con una asamblea aquel año y se dispararon en marzo de 2020, cuando “fue despedido el economista” al negarse a ir a una junta de gobierno: “Eso fue la puntilla, si ya desconfiaba, desde aquel momento lo hice mucho más”. Junto al letrado defensor del presidente, su mujer y su hija, en las declaraciones estuvo el abogado del colegio, entidad personada en calidad de acusación particular y perjudicada.

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