Cuando todavía no se han cumplido dos semanas del escándalo sin precedentes en el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, la defensa de su presidente Carlos Fernández, su mujer Carmen Gayoso y su hija Estefanía ya ha solicitado ante la Audiencia su puesta en libertad provisional en el marco de la causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo por administración desleal, blanqueo de capitales y falsedad documental contra los tres investigados.
El magistrado fundamentó la prisión preventiva en el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que durante más de ocho horas los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron la sede del Colegio de Enfermería de Pontevedra –en la calle Aragón– y el domicilio particular de los reos. Ahora, su defensa ha presentado ante la Audiencia un recurso de apelación al considerar desproporcionada esta medida.
La denuncia que motivó hace casi un año la apertura de estas diligencias parte de un grupo de trabajadores del Colegio y de su secretario, Faustino Portela, que cifraban el supuesto desfalco en más de 11 millones de euros. Precisamente Portela deberá comparecer el próximo 31 de marzo ante el juez para ratificar su denuncia.
Esta no será la única comparecencia prevista para ese día. Concretamente, la sala instructora citó también a otras cuatro personas, por el momento en calidad de testigos, para su declaración. Varios supuestos testaferros, que estarían al frente de las empresas vinculadas al órgano colegial y a la familia Fernández Gayoso, también acudieron en su momento a Comisaría para prestar declaración sobre este caso.
Más casos en España
Este proceso penal no es el único que rodea a la Colegiatura de Enfermería. Si ya la semana pasada un juzgado de Madrid abría juicio oral contra el antiguo presidente del Colegio General de Enfermería, a nivel nacional, por supuestamente haber desviado fondos del órgano para el pago de cuestiones privadas como la boda de su hijo, ahora un juzgado de Primera Instancia de Ávila admitió a trámite la querella contra los presidentes de seis colegios de enfermería de la comunidad castellano leonesa. Concretamente se trata de los representantes de Ávila, Burgos, Soria, Palencia, Salamanca y Zamora, acusados de posibles delitos de “usurpación de funciones públicas y prevaricación de funcionariado público”.
