El Colegio Provincial de Enfermería, cuya sede se localiza en la calle Aragón de Vigo, vive desde hace años una alarmante convulsión interna que ha estallado este jueves con la detención de su presidente, Carlos Fernández Gómez, su esposa y su hija y un largo registro, de varias horas, en el domicilio del matrimonio y la sede viguesa del colegio a cargo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
¿Quiénes son los acusados?
Carlos Fernández Gómez (Barcelona, 1956) es el presidente del Colegio pontevedrés desde 1985 y el sector crítico afirma que hace años que no rinde cuentas a la junta directiva; su esposa Carmen G. P., ejerce como secretaria técnica y figura como trabajadora de la entidad, aunque no directiva, si bien “todo pasa por sus manos”. El aún secretario, José Faustino Portela ya decía en enero pasada que a él no se le permite ejercer las funciones encomendadas a su cargo en los estatutos y que, en la práctica, las realiza la esposa del presidente; la hija Estefanía Fernández G., a la que trabajadores del colegio denominaron como “la jefa”, durante el registro policial del jueves. Al parecer, se encarga de la asesoría jurídica.
¿De qué se les acusa?
La denuncia por la que actúa la Unidad de Delincuencia se presentó hace aproximadamente un año y en ella se acusa a los implicados de varios presuntos delitos: blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal. Sin embargo, la crisis interna del colegio se remonta a mucho atrás. Se investiga el supuesto entramado empresarial vinculado a la sede de la calle Aragón, donde no solo están las oficinas colegiales, sino también entidades como pueden ser el Instituto Galego de Formación Sanitaria y Promoción Social, que imparte cursos para la institución, o Gestión Jurídica Gallega, que le proporciona asesoramiento jurídico, así como un sindicato: el Galego de Profesionais da Sanidade (SGPS), que se propone aglutinar a todas las categorías de trabajadores sanitarios.
¿Por qué interviene la Policía?
Por el momento, el sumario que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo es secreto, si bien han trascendido en los últimos meses diversas acusaciones de índole económica del sector crítico contra Carlos Fernández. El aún secretario, José Faustino Portela, ya acusó al presidente de “hundir” la institución con una gestión marcada por el “ocultismo, la opacidad y carencia de buen gobierno”. También desveló que la deuda de la institución pontevedresa con el Consejo General de Enfermería por el impago de cuotas asciende a más de seis millones de euros, en virtud de dos sentencia judiciales. Estos impagos comenzaron en el año 1998, según las mismas fuentes.
¿A qué se enfrentan?
Todo depende ahora de lo que decida el juzgado, Los tres acusados se encuentran desde primera hora de este viernes en las dependencias judiciales de la calle Lalín para prestar declaración. Tras ser conducidos a la Comisaría a última hora del jueves, han pasado la noche en los calabozos policiales. Será el magistrado el que acuerde su próxima situación, desde la libertad, con o sin Carlos, hasta una posible prisión provisional. El sumario está declarado secreto.