Descendientes del dirigente galleguista Alexandre Bóveda, el que fuera presidente de la Diputación de Pontevedra Amancio Caamaño y el impresor y líder político Ramiro Paz presentaron ayer querellas por los fusilamientos de sus familiares, ocurridos entre agosto y noviembre de 1936 en Pontevedra tras el golpe de estado franquista. Las querellas, entregadas en el Consulado de Argentina en Vigo son las primeras a nivel autonómico que se unirán a la causa seguida por la jueza Servini en el país latinoamericano por esos asesinatos.
La letrada del equipo de Derechos Humanos del Grupo de Avogados Novos de Vigo Irene Álvarez explicó que la actuación ha requerido de una gran investigación para recopilar datos como fotografías y cartas que probasen la “represión sistemática de las familias que se adhieren a la querella”, lo que entrañó “dificultades”. Calificó el acto de ayer como “un momento muy importante” ya que supone un “paso” para “luchar contra el silencio de los crímenes en ese periodo” y critica que España “no quiera enjuiciar e investigar” estos hechos.
Asimismo, el nieto de Alexandre Bóveda y representante de la fundación a la que da nombre su abuelo, Valentín García, confía en que esta actuación permita constituir “una vía de recuperación de derechos colectivos” de “todos los fusilados y represaliados” y se muestre que hubo “millares” de crímenes contra la Humanidad, que, por tanto, no deben prescribir.
La nieta del que fuera presidente de la Diputación entre 1932 y 1933 Begoña Caamaño afirmó que “no se busca una venganza, pero sí un reconocimiento de la gran injusticia que se hizo con esa gente”, mientras que Cano Paz, nieto del líder político pontevedrés, puso en valor el trabajo de su padre “buscando papeles y yendo a registros por un lado y por otro sin conseguir frutos” y al que él y su hermana buscan dar continuidad.
El acto también contó con la participación de representantes de CeaQua, Iniciativa Galega pola Memoria y la diputada provincial de Memoria Histórica, María Ortega.
