Los magistrados de Vigo ya están suspendiendo desahucios por impago de alquiler en virtud de la medida del Gobierno central decretada a raíz de la crisis del COVID-19 para proteger a la personas especialmente vulnerables. “Se están aplazando bastantes”, confirman en un juzgado de Primera Instancia, donde aclaran que se trata de una suspensión temporal y que el caso se pone en conocimiento de los servicios sociales para que busquen soluciones para las familias afectadas. En 2020 hubo 587 demandas de caseros por impago de la renta, tanto de viviendas como de locales comerciales.
Fue en diciembre cuando el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda, medida que se adopta a raíz de la pandemia. En virtud de ello, se decidió extender hasta la finalización del estado de alarma la posibilidad de suspensión del procedimiento de desahucio, “con el objeto de que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones a las personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional”.
Compensación al casero
El aplazamiento del desalojo se mantendrá “por el tiempo necesario” para aplicar las medidas sociales que procedan. “Si esta situación se prolonga durante un período de más de tres meses, el arrendador tiene derecho a solicitar una compensación por el perjuicio económico ocasionado”, concluyen fuentes judiciales.
