Nuevo estado de alarma, pero con características muy distintas al de la primera ola del coronavirus. Menos estricto y con más margen de actuación para las comunidades, que en su mayoría han pedido volver a esta herramienta. El Gobierno ha aprendido del precedente de hace siete meses, con una alarma que el Congreso fue prorrogando cada 15 días, en ocasiones de forma agónica, y ahora no quiere pasar de nuevo por ese trance. El Ejecutivo defiende que la nueva herramienta, que entró en vigor ayer tras ser aprobada por un Consejo de Ministros extraordinario e incluye un toque de queda entre las 23.00 y las 06.00 horas, dure hasta el 9 de mayo, más de seis meses, y así lo pedirá al Parlamento esta semana.

Las principales medidas, explicadas por Pedro Sánchez, son cinco. Las autoridades delegadas serán los presidentes autonómicos (a diferencia de la anterior alarma, donde la responsabilidad recayó básicamente sobre el ministro de Sanidad, Salvador Illa), y los territorios tomarán sus decisiones en cooperación con el Gobierno. La circulación estará prohibida entre las 23.00 y las 06.00 horas en toda España, salvo en Canarias. En esa franja, solo se podrá transitar por causas justificadas, pero las autonomías podrán ampliar o restringir el plazo en una hora.

Las comunidades también tendrán capacidad para limitar la salida y entrada de sus territorios, total o parcialmente, ya sea en la autonomía al completo, en un municipio o en un barrio. En cuarto lugar, los territorios podrán restringir las reuniones a un máximo de seis personas o incluso menos, siempre que se trate de no convivientes. En Galicia, esta medida se mantiene en un máximo de cinco personas.

Y por último, el Gobierno, en una iniciativa sin precedentes, aprobará el martes una prórroga de seis meses de la alarma, para unos días después (el jueves, previsiblemente) pedir el visto bueno al Congreso. Aun así, para evitar que se le pueda acusar de evitar la rendición de cuentas, Illa comparecerá cada 15 días en la Cámara baja.

Los presidentes de cada comunidad podrán activar o desactivar las restricciones durante el tiempo que dure la alarma, en función de la realidad epidemiológica de sus territorios. Ahora bien, de entrada, en estos primeros 15 días de aplicación de este real decreto, entra en vigor el toque de queda en toda España, menos en Canarias. Será ya a partir de la prórroga cuando las autonomías podrán levantar o mantener esta restricción.

“Solicito a los grupos que esta medida cuente con un respaldo abrumador”, señaló Sánchez, fijando como objetivo alcanzar una incidencia por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes. En la actualidad, la media española es de 362 casos.

El presidente lo tiene mucho más fácil que hace unos meses para lograr la prórroga de la alarma, que en todo caso no afectará a las elecciones catalanas del 14 de febrero, dejaron claro fuentes de la Moncloa. Cs ya anunció el viernes que lo apoyaría, y ayer su líder, Inés Arrimadas, reafirmó el respaldo. El Gobierno vasco también aplaudió la medida, así que el voto a favor del PNV está asegurado. Euskadi fue la primera comunidad que solicitó la alarma, y Catalunya se sumó más tarde, algo que prefigura el apoyo de ERC y JxCat.

Solo con los escaños de naranjas y nacionalistas vascos, el Ejecutivo tiene asegurada la extensión. Pero la Moncloa quiere que el PP vote a favor. Ninguna de las autonomías gobernadas por los conservadores ha solicitado la alarma, a diferencia del resto, y Pablo Casado fue hace meses muy crítico con esta herramienta, algo que dificulta que ahora se sume. Sánchez habló ayer con él, pero no quiso revelar el contenido de la conversación con el jefe de la oposición, que también evitó posicionarse, algo que en principio hará hoy.

En un primer momento, el jefe del Ejecutivo quería esperar a la conferencia de presidentes de hoy para aprobar el estado de alarma. Pero la cascada de peticiones para que diese ese paso, con España batiendo récords diarios de contagios, provocó que adelantara la medida.

El primer territorio fue Euskadi. Siguieron Asturias y Extremadura, a las que se sumaron varias comunidades también gobernadas por los socialistas, así como Catalunya. En total, 10 autonomías pidieron la alarma. Pero ninguna del PP, algo que puede dificultar la puesta en práctica del nuevo escenario. Sobre todo, en Madrid, un territorio que ha hecho bandera de la batalla con Sánchez frente al coronavirus. Aun así, fuentes del Gobierno descartaron que Isabel Díaz Ayuso fuera a desmarcarse.

“El plazo no es inamovible”, señaló Sánchez sobre los más de seis meses de prórroga. “Si podemos superar antes la emergencia, dejará de aplicarse. Pero ese es el plazo que los expertos recomiendan para empezar a superar no solo la segunda ola actual sino la etapa más dañina de la pandemia”, continuó el presidente, que también trasladó su creencia, pero no seguridad, de que el objetivo se podrá conseguir “sin recurrir al confinamiento global”. Según Illa, la meta es “doblegar la curva y tener una Navidad lo más normalizada posible”.

“No hay confinamiento general en este nuevo estado de alarma -concluyó el jefe del Ejecutivo-. Pero la evolución del virus es grave y cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos, más protegidos estaremos y más protegeremos a nuestros seres queridos”.