Durante los meses de confinamiento, la judicatura estuvo paralizada excepto en aquellas materias o asuntos tipificados como urgentes; los internamientos psiquiátricos eran uno de ellos. Estos ingresos no voluntarios, si bien son una práctica habitual en los juzgados de Familia, este año tocaron techo con un alza de casos sin precedentes. “El ritmo desde octubre está un poco más tranquilo pero en meses anteriores tuvimos muchísimos casos. Y son procedimientos que no pueden esperar” , explica la Letrada judicial de una de estas salas. Su inmediatez es tal debido a que no se puede retener al paciente más de 72 horas.
Este requisito, sumado a la necesidad de practicarles PCR a su ingreso en las áreas psiquiátricas de los hospitales, obliga a que en las ultimas semanas a este trabajo se sumen también los juzgados de Instrucción que por turno estén de guardia, especialmente en fin de semana. “Tenemos 72 horas para ratificar el ingreso no voluntario, cuando no disponemos del resultado de la prueba de PCR, tiene que encargarse el juzgado de Instrucción que le toque estar de guardia”, amplía.
Se trata de una situación prácticamente inédita en los juzgados vigueses. “Si pasó, fue hace muchos años. No es nada habitual”, añade la letrada judicial.
La crisis sanitaria se dejó notar y mucho en estos asuntos de Familia; si bien no son los únicos que se vieron alterados. A 3 de noviembre, los tres juzgados en materia de Familia habían contabilizado 621 solicitudes de internamientos psiquiátricos; un centenar más que el ejercicio anterior. “El aumento puede estar detrás de un cúmulo de circunstancias: el encierro, el estrés, el descontrol... apreciamos desde personas que sufren su primer brote hasta algunos que ya tienen una patología crónica”, explica la profesional. En cuanto a la edad u otras particularidades de las personas que requieren de este internamiento psiquiátrico “no existe un perfil concreto, pero sí vemos muchos casos de chicos y chicas jóvenes”. En cuanto a los menores, también les han notificado casos y aunque la intervención judicial no es en estos casos obligatoria, los médicos y facultativos sí prefieren contar con su presencia. “En estos casos, si los padres de los menores autorizan su internamiento involuntario, nosotros no tenemos nada en qué intervenir”, aclara.
Mientras que para los ingresos en residencias geriátricas sí hubo listas de espera en meses anteriores, estos casos, al tratarse de asuntos urgentes, no permiten esta demora. “Muchas se han realizado vía telemática, a través de un programa que permite conectarnos el juzgado, forenses y también el hospital para el control de estos internamientos” , apremia.
Estos procedimientos junto a las incapacidades o ingresos no voluntarios en residencias –que durante los meses de confinamiento fueron más elevados que en semanas pasadas– suponen uno de cada tres asuntos que reciben las tres salas de Familia de la urbe viguesa: 1.039 del total de 2.498 casos. Esta carga de trabajo es muy superior a la que generan los litigios o pleitos matrimoniales. Concretamente, desde enero hasta comienzos de noviembre, se han presentado 773 demandas de divorcio y more uxorio –separaciones de parejas de hecho– bien de mutuo acuerdo, bien contencioso. Además, los progenitores solicitaron también hasta 250 modificaciones de medidas acordadas en estos procesos o sentencias de divorcio como pueden ser la solicitud de reducción de la pensión de alimentos para los hijos, la cuantía de la compensatoria, alterar el régimen de visitas, etc.
