La irrupción del coronavirus ha logrado acelerar la digitalización de todos los sectores en tiempo récord. Y la prostitución no ha esquivado esta tendencia: en época de pandemia, mujeres prostituidas ya ofrecen sexo online –por videollamada a través de un dispositivo, como el móvil–, aunque esta modalidad todavía tiene una presencia ínfima en Vigo. Es más segura para ambas partes y satisface uno de los propósitos que pretenden los clientes: la búsqueda de compañía; además, transparenta un concepto conocido en el gremio: los que pagan no siempre pretenden relaciones con contacto, sino verse en una posición dominante con respecto a la otra persona.
Por ahora, se desconoce si la actividad irá hacia ese lado o volverá a ser como antes cuando pase la pandemia. La realidad es que contribuye a evitar que se produzcan contagios ya no solo de Covid-19, también de enfermedades de transmisión sexual. El pago de los servicios se efectúa a través de medios electrónicos seguros, como PayPal.
La localización de las mujeres prostituidas. Y es que se han trasladado de las calles y locales a los pisos, que están repartidos por toda la ciudad: cada vez hay más, tanto en el centro como en los barrios. La falta de trabajo en sectores como la hostelería o el cuidado de mayores ha engrosado la lista de mujeres prostituidas en la ciudad, que, con una cifra similar de clientes, todavía ganan menos dinero que antes. La tendencia de los pisos se registra desde hace unos 10 años y se ha acelerado tras la irrupción del virus. Lo explican dos factores: la elevada presión ejercida por las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre la actividad al aire libre y el confinamiento, que, con el cierre de locales y las restricciones en los horarios y en la movilidad, obligó a las redes de prostitución a buscar una solución para que las mujeres pudieran seguir ofreciendo los servicios durante toda la jornada, como así fue a pesar de las normas dictadas por las autoridades sanitarias.
Fuentes de la Policía Nacional confirman este cambio en el panorama del sector. Señalan que, actualmente, la prostitución en las calles es “residual”, para nada comparable a lo que había hace más de una década: “Había muchísima”. La poca actividad que se registra en la urbe olívica se da en la avenida de Beiramar y en el entorno de la calle Jacinto Benavente, cerca del auditorio Mar de Vigo. “Hemos metido mucha presión. En el 2010, comenzamos una campaña de identificación en la calle no solo de mujeres que ejercían, también de clientes. Eso los espantaba; al 99% de ellos les corta pedir estos servicios, entonces, si ven a los agentes, levantan el vuelo y, al no haber clientes, las mujeres buscan otras opciones. Ahora, cuando vemos que hay algún conato, actuamos rápido y se van, no les dejamos respirar”, destacan. Y es que, como concretan, la prostitución genera sensación de inseguridad a los ciudadanos y desencadena episodios violentos y desagradables en los que entran en juego las drogas.
El ejercicio en pisos, que ha proliferado “muchísimo”, complica todavía más el control de esta actividad, puesto que se requiere una autorización judicial para acceder. Habitualmente, son viviendas económicas alquiladas por los proxenetas, que, a su vez, subalquilan las habitaciones a las mujeres prostituidas, las cuales deben pagar no solo la renta -que puede ascender a casi 200 euros semanales-, sino también gastos de luz, agua, gas o limpieza de sábanas. “Nos da más trabajo que estén en pisos y no en la calle o en locales, ya no sabemos con tanta precisión dónde se ubican, pero seguiremos con este tema, por supuesto, no renunciaremos a la lucha contra la explotación sexual”, señalan fuentes policiales, que apuntan la necesidad de integrar aspectos relacionados con esta cuestión en la educación para que se erradique “tajantemente”: “Resulta muy complicado porque no existe ese enfoque en la sociedad y estamos lejos de que lo haya”.
Una de las entidades que trabaja por la abolición de la prostitución es la asociación Faraxa, con sede en Ronda de don Bosco. Ayuda a las mujeres y les proporciona asesoramiento y medios para que ejerzan con seguridad, además de ofrecerles la posibilidad de empadronarse, la única forma de demostrar que acumulan el tiempo necesario en el país para lograr el permiso de residencia: tres años. La asesora jurídica, Ana García Costas, y la psicóloga, Liliana Freijeiro Rial, confirman que la actividad se ha trasladado “en un porcentaje muy alto” a los pisos, lo que “obstaculiza” todavía más el acceso. El sistema de funcionamiento de los pisos es similar al de los clubs: “Siempre hay un proxeneta y una persona encargada de gestionar que establece horarios -a veces, son inexistentes-, penalizaciones o normas”, indican.
Una actividad “alegal”
García Costas pone énfasis en explicar que la prostitución “es alegal”, es decir, la actividad “no está regularizada”, aunque puntualiza que “millones de euros del PIB proceden de este ejercicio”. Lo que está regulado penalmente es el proxenetismo, el delito de prostitución coactiva. “Es casi imposible de condenar porque el aprovechamiento económico de la prostitución ajena tiene que demostrarse acreditando que esa mujer se mantiene en el ejercicio de la prostitución mediante coacción, vulnerabilidad… El objeto del delito es muy complicado de comprobar: si el proxeneta te deja salir a la farmacia y no has ido a pedir ayuda en ese momento, no hay coacción a ojos de la Justicia y el acusado no podría ser condenado”, añade.
"Para eliminar la prostitución, hay que dar oportunidades laborales a las mujeres e incorporar la educación afectivo-sexual en colegios e institutos"
Tanto García Costas como Freijeiro Rial coinciden en señalar que son mujeres inmigrantes, vulnerables, en situación irregular, con poca información y formación, y cuyas familias pasan por momentos complicados -muchas de ellas, con hijos-. “Son su sostén en los países de origen”, resumen. Apuntan que es “muy difícil” saber cuántas ejercen actualmente en Vigo porque se mueven de unos municipios de la provincia a otros e incluso viajan a países de Europa a hacer plazas -estancias en pisos o locales entre los periodos de menstruación-: Holanda, Francia, Italia o Bélgica. Sus beneficios mensuales son los justos para poder vivir -se quedan la mitad de cada servicio-; es el proxeneta el que maneja el dinero: se puede sacar más de 1.500 euros por sesiones en las que entran en escena los estupefacientes. Además, aseguran que “no existe un perfil determinado” de cliente: se ha comprobado que pagan desde chavales de 18 años que pierden la virginidad de este modo a hombres que superan los 60 años.
El aislamiento que padecen estas mujeres por la actividad que ejercen -sin opción a integrarse socialmente, lo que dificulta mejorar su situación laboral- y la imperiosa necesidad de lograr dinero para mantener a las familias las atan a este negocio. Lo que más les preocupa, según confiesan las dos integrantes de Faraxa, es estar en situación irregular en el país. “Tienen miedo. Los proxenetas las asustan mucho, les dicen que las van a expulsar de España si acuden a la comisaría o que no las van a creer. Por eso es tan importante asesorarlas: para que tengan información”, manifiestan antes de destacar que, para poner solución “de raíz” a este problema, es necesario darles posibilidades laborales, una “quimera” en un país con millones de parados, e incorporar la educación afectivo-sexual en colegios e institutos.
