"Luchamos contra el paso del tiempo y la incompetencia". Tras dos horas de intensa rueda de prensa, Ramón Pérez Amoedo resumía así la batalla en la que él y sus clientes están inmersos. Este abogado y su hermano Ignacio encabezan el equipo legal que representa a los padres y hermanos de Déborah, la joven viguesa cuyo cuerpo desnudo y rodeado de pistas falsas fue hallado el 10 de mayo de 2002 en una cuneta de O Rosal diez días después de desaparecer tras salir a correr por Samil. Han pasado 18 años y ayer estos letrados y la familia de la fallecida protagonizaron una contundente comparecencia en la que denunciaron públicamente la "negligente" investigación de la Policía Nacional, repleta de "errores garrafales" y "lagunas" desde el mismo momento de la desaparición de Déborah hasta la actualidad, cuando ya solo faltan dos años para que el caso prescriba. Tanto es así que anunciaron que emprenderán "acciones penales" contra determinados funcionarios policiales por su "actuación negligente" y también avanzaron los principales trazos de las pesquisas paralelas que ellos mismos han emprendido, con la incorporación a su equipo de trabajo del criminólogo Óscar Tarruella.

Testimonios "contradictorios", testigos que "mienten" sin que nadie haga "nada", denegación de pruebas reiteradamente solicitadas en esta nueva fase del caso, "inacción" de la Fiscalía, "falta de sensibilidad" del actual equipo policial con la familia, que también se ha topado, denuncian, con el esquinazo de variopintas administraciones. Molestos e indignados sí aclararon, en relación con la actual titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tui, la jueza que reabrió la causa en 2019, que pese a poder existir diferencias de criterio, siempre les ha "escuchado", mostrando gran "sensibilidad".

Por el caso, desde 2002, pasaron 52 policías, siete jueces y tres fiscales. De forma pormenorizada, los abogados describieron los "errores" a lo largo de estos 18 años: la "pérdida de tiempo" al principio cuando la Policía Nacional se escudaba en que Déborah se había ido "voluntariamente", las "lagunas" en torno al que siempre fue el principal sospechoso policial, el exnovio, al que ayer denominaron Arcano, mismo nombre con el que se bautizó el atestado más completo sobre el caso. Los letrados se preguntan por qué los agentes "tardaron" hasta 2019 en ir al Club de Campo, donde los amigos situaron al joven la tarde de la desaparición, en un partido de fútbol rodeado de "dudas y contradicciones". O por qué no se investigó su "teléfono" y los de sus allegados. O por qué se pasó por alto y ahora además se minora, dicen, el "olor a podrido" del maletero de su coche en aquella época. O por qué no se inspeccionó su vehículo hasta 2010 y no se profundizó en que, expusieron, estaba demasiado impoluto.

Los letrados también se preguntan cómo es posible que el teléfono móvil de Déborah no se investigase "hasta 2006" y que ahora además esté "extraviado". O por qué no se trató de averiguar nada sobre llamadas que aparecían en ese terminal "en blanco". Exponen también que nunca se precintó la habitación de la joven y que hubo una tardanza de años en indagar en los discos duros de su ordenador.

Del trabajo policial solo salvan el que en 2010 derivó en un atestado "riguroso" que apuntaba en una clara dirección y que inexplicablemente, dicen, no tuvo recorrido: "El mismo día en que ese atestado entró en el juzgado, se decretó el archivo provisional del caso". Fue en 2019 cuando la causa judicial por fin se reabrió. Y así sigue. Ya comparecieron una quincena de personas. Ayer, precisamente, el juzgado notificó un auto en el que, entre otras diligencias, cita a dos testigos más en septiembre y octubre: una es la madre de Déborah, que podrá declarar por primera vez en 18 años.

Abogados y familia reiteran que no pretenden poner el "dedo acusador" en nadie. Quieren que se investigue "todo". Ellos no pararán: "Nadie nos va a atemorizar, lo único que pedimos es Justicia para Déborah haya sido quien haya sido el autor, quienes ocultaron el cuerpo, quienes lo transportaron y quienes se callaron". Y avisan que, aunque se produzca la temida prescripción, seguirán investigando. Para que la familia y todo Vigo sepan la verdad.