Los juzgados vigueses vivieron una parálisis inédita debido al coronavirus, con su actividad reducida a servicios urgentes y mínimamente comparable a la huelga de funcionarios de Xustiza que sumió en otro parón la judicatura en 2018. Tras el cese del Estado de Alarma, poco a poco los procedimientos retomaron su marcha, entre ellos uno de los cada vez más habituales en la ciudad: los desahucios.
El Servicio Común de Notificaciones y Embargos tiene prácticamente copada su agenda para este mes de julio con cerca de 40 ejecuciones de desahucios. Los nuevos casos que reciban ya tendrán que ser señalados para el mes de septiembre, ya que agosto en inhábil en esta materia por las vacaciones de los funcionarios. Esta cifra se corresponde con los asuntos que la oficina situada en el Casco Vello tiene pendientes del trimestre anterior (18) y los casos que recibió durante los meses de confinamiento, 22. "Está entrando mucha carga de trabajo para comenzar los meses de parón", señala el letrado de la Administración de Justicia, Fernando Varela.
Y es que la suspensión de estos procedimientos -muchos de los cuales fueron devueltos a los tribunales de Primera Instancia para su revisión- ha provocado que desde enero, este servicio ejecutase un 40% menos de lanzamientos que el año anterior: 137 en 2020 frente a los 337 de 2019.
Esto no implica que se hayan interpuesto menos demandas por parte de los propietarios de inmuebles para desahuciar a sus inquilinos, si no que muchas de ellas se encontraban paradas a expensan de la revisión de los órganos de origen o por la solicitud de intervención de servicios sociales.
Y es que se trata de una medida cada vez más frecuente en este tipo de procedimientos. Este recurso permite aplazar el desalojo por tratarse de familias vulnerables para que los Servicios Sociales -Xunta o Concello de Vigo- les encuentren un nuevo acomodo en virtud del convenio que entró en vigor hace dos años y que paraliza hasta ocho semanas el desahucio de inquilinos en riesgo de exclusión, gracias a un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, Xunta de Galicia y Federación de municipios. "Cada vez más, es muy frecuente que se soliciten estas medidas. Hay muchas personas que no tienen dinero para pagar sus alquileres o para otras necesidades y así pueden esperar a que el organismo o la administración les ubique en otra vivienda", explica Varela.
A mayores, y desde esta crisis sanitaria, los inquilinos pueden acogerse a otro derecho a la hora de demorar o aplazar este desalojo para intentar hacer frente a las cuotas impagadas del alquiler. "Si los moradores justifican debidamente que han sufrido un agravio en su economía porque han sufrido un ERTE, por ejemplo, la ley contempla un plazo máximo de aplazamiento de seis meses", añade el letrado judicial.
En cuanto a las peculiaridades de estos desahucios siguen la misma tónica que en ejercicios anteriores: priman casi al 90% los lanzamientos de impagos de alquileres en detrimento de ejecuciones hipotecarias, viviendas o pisos frente a bajos o locales comerciales y, sobre la problemática de la okupación, también se la logrado equilibrar. "A principios de año sí nos hemos encontrado algún caso, pero ahora ya no, ninguno", destaca Varela.
Embargos
Esta oficina no solo ejecuta estos procedimientos de desahucio, si no que también se encarga de embargos judiciales. Los embargos judiciales a domicilio para cobrar impagos de morosos siguen siendo una realidad pese a los avances telemáticos e informáticos y mientras en el primer trimestre se contabilizaron 92 casos, en los meses de confinamiento fueron tan solo 48.
