De la indignación a la extrañeza, pasando en la mayor parte de los casos por la incomprensión. La postura de la Abogacía del Estado, órgano público que ha decidido alinearse con Audasa en la causa judicial abierta contra la concesionaria por el presunto cobro abusivo de peajes en la AP-9, cayó ayer como un jarro de agua fría entre los transportistas y colectivos que defienden la devolución de los gravámenes.
El jueves En-Colectivo, asociación que reclama que se abone a los conductores tanto las tasas que pagaron durante los atascos como los intereses, ya mostraba su rechazo a que la Abogacía se persone en el proceso. "Es llamativo que lo haga de forma tan tardía, cuando ha podido tener conocimiento de la existencia del procedimiento judicial mucho antes", apuntaba la plataforma, que concreta que la participación del órgano estatal se notificó el 28 de enero, apenas un par de semanas antes del juicio, que se celebrará a partir del 11 de febrero.
Desde Transportistas.gal, que aglutina las reclamaciones de más de un centenar de profesionales, compartían ayer su sorpresa por la postura del Gobierno. "Es un auténtico escándalo. Estamos hablando de una responsabilidad de la concesionaria, no se solventa ningún interés público del Estado" , alega su abogado, Xoan Antón Pérez Lema. El letrado subraya un argumento que comparte el resto de afectados: en juicio no está si los atascos en la AP-9 eran o no inevitables, sino la pertinencia de cobrar íntegramente los gravámenes cuando el servicio que Audasa ofrecía en la autopista era claramente deficiente.
"Las obras eran necesarias y los atascos inevitables, pero el servicio de la autopista debe prestarse con la máxima flexibilidad", remarca Pérez Lema, quien aprecia un "incumplimiento de contrato" en la actitud de Audasa durante los atascos. "Tendrá que devolver los peajes y pagar los perjuicios ocasionados. Se trata de un problema contractual".
Desde la Asociación Empresarial de Mercadorías por Estrada de Galicia, Apetamcor, su responsable, Alberto Vilas, lamenta que la Abogacía del Estado "no va al núcleo de la cuestión". "Lo importante es si Audasa cobró por el servicio o si el cobro está condicionado a que se ofrezcan unas condiciones de seguridad. Todas las obras están sujetas a molestias, pero otra cosa es que se cobre cuando el servicio no se da en condiciones", remarca Vila. El presidente de la asociación de transportistas de mercancías de Pontevedra (Asetranspo), Ramón Alonso, censura también que los conductores carecían de información sobre los atascos en tiempo real, por lo que no eran libres de decidir.
Su homólogo de la Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez Bello, no oculta tampoco su "indignación". "A los usuarios se les castiga doblemente; primero con las molestias y segundo habiendo de abonar unos peajes que no se justifican, en función del servicio recibido. FEAGA aboga por la devolución de los peajes a los usuarios afectados", concluye.
