El Gobierno ha tomado partido en la causa sobre el presunto cobro "abusivo" de peajes durante las obras de ampliación del Puente de Rande -40 meses, entre febrero de 2015 y junio de 2018-. Y lo ha hecho no para ponerse del lado de la Fiscalía de Pontevedra, que abandera la demanda colectiva a la que se han adherido varias asociaciones de consumidores, sino para inclinarse a favor de Audasa, la concesionaria de la AP-9 hasta 2048, y como tal, la parte que se sentará del 11 al 13 de febrero en el banquillo de los acusados. A través del escrito de personación en la causa remitido al Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra, la Abogacía del Estado asume que la construcción de las alas de Rande se llevó a cabo "minimizando la afección a los usuarios", e incluso va más allá, al considerar los incidentes de las obras como un perjuicio natural al que los usuarios debían resignarse. "Existía el deber jurídico de soportar esa consecuencia, en tanto inevitablemente unida a la ejecución de esta obra pública (ocurre así en todas ellas)", asegura el documento al que ha tenido acceso FARO.
Para sorpresa de algunos involucrados en el proceso, la postura del Ejecutivo llega en la recta final de un proceso que arrancó allá por diciembre de 2018, cuando la Fiscalía arremetió contra una presunta "práctica abusiva" de Audasa al mantener "invariable" el precio del tramo de la AP-9 entre Cangas y Teis y teniendo en cuenta que las obras en el Puente estaban afectando "de forma relevante y constante" a la fluidez del tráfico. En esa pugna la empresa y el Ministerio Público reflejaron su colisión en las cifras: mientras el fiscal estimaba en 202 las retenciones, la concesionaria las rebajó en septiembre a 14 (al tiempo que admitía otras 72, pero por motivos ajenos a los trabajos).
Ante la vista oral del martes, la Fiscalía reclama a la concesionaria el reintegro de las cuantías abonadas por los conductores, una indemnización (el doble de lo pagado), pero también, como quedó patente en la vista previa, busca sentar un precedente para situaciones similares en autopistas de peaje.
En la orilla opuesta se halla ahora el Gobierno. Hasta el punto de que la Abogacía mimetiza algunos de los argumentos empleados en los últimos tiempos por la defensa de Audasa. Así pues, al igual que a la empresa del Grupo Itínere, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -antes Fomento- "no le consta" ni que las obras se salieran del proyecto comprometido con anterioridad, incluidas las "condiciones aplicables al cobro de peajes", ni que los posibles perjuicios ocasionados a los conductores contravinieran el plan preconcebido. Audasa se limitó a cumplirlo a rajatabla, viene a subrayar. "La perturbación que haya podido causarse a los usuarios se debe a operaciones requeridas por la ejecución del contrato", explica. Audasa de hecho ha venido defendiendo como una proeza la construcción de las alas sin cortes de circulación.
Otro de los puntos expuestos en el escrito señala directamente al bolsillo del Estado. La Abogacía lanza una advertencia nítida. Si Audasa paga, pagarán también las arcas estatales. "De estimarse las pretensiones de reintegro e indemnizatorias ejercitadas en la demanda, mi representada [la Administración General del Estado] pudiera ser alcanzada por sus consecuencias económicas para la demandada [Audasa]". Reconoce así que el Gobierno quedaría expuesto a que la gestora de la AP-9 le reclamara el pago de una hipotética sanción, "dado que ésta podría señalarla, fundamentalmente, como responsable última de sus actuaciones u omisiones".
El cauce civil
En buena medida la posición del Gobierno se ancla sobre la idoneidad o no de que sea la vía civil la que dirima la causa. En su caso apuesta por la contencioso-administrativa, al tratarse de una concesión.
"No es competente" son las tres palabras que salpican una y otra vez el texto. Para la Abogacía la jurisdicción civil "no es competente" para declarar una práctica abusiva -pues el pliego de autopistas no distingue "a efectos del cobro" unas condiciones u otras-, tampoco lo es para instar a Audasa a cesar en esta política en el futuro, ni para decidir el reintegro e indemnización de las cuantías. El escrito entra a discutir igualmente la propuesta de levantar las barreras en caso de colapso de la autopista, medida puesta muy en circulación en el debate político en Galicia. En ese sentido insiste en que las exenciones ya están reflejadas en la ley, que solo permite ceder el paso a vehículos de Policía, ambulancias o unidades adscritas al Ministerio de Transportes.
El juez, sin embargo, ya se pronunció sobre la conveniencia de este cauce, después de que Audasa intentara explorar ese camino judicial. Con poco éxito. "Podemos hacer ver a Audasa lo poco acertado de su postura simplemente poniendo de manifiesto el hecho de que no ha sido capaz de mencionar en una extensa declinatoria de 40 páginas ni una sola sentencia o auto de un solo juzgado o tribunal que hubiese puesto en duda la competencia del orden civil para conocer de este tipo de demandas", fue la respuesta.
Fuentes jurídicas sostienen que la Fiscalía ha recurrido la personación de la Abogacía del Estado, lo que obligará al juez a pronunciarse antes del arranque de una mediática vista oral a la que están llamados a testificar desde guardias civiles de Tráfico hasta personal de la DGT.
