En julio de 2018 entró en vigor una reforma legal relativa a una grave problemática, la ocupación ilegal de viviendas. En los dos últimos trimestres de ese año hubo en Galicia 36 demandas civiles de esa materia: cinco fueron en Vigo. Con respecto a 2019, de enero a septiembre la cifra en toda la comunidad fue de 99 procedimientos. Todo okupa que no acredite un título jurídico relativo a la casa afronta directamente el desahucio. En un caso tramitado en Vigo este año, la demanda del dueño de una finca derivó, por ejemplo, en el desalojo de una familia que llevaba allí años viviendo en una construcción.
Y hay desalojos que no responden a la falta de pago o a una ocupación ilegal. Un ejemplo es un reciente pleito presentado en Vigo por vecinos de un edificio contra los inquilinos de un piso a los que atribuyen ruidos y actividades molestas: piden que se deje sin efecto el contrato de arrendamiento.
