A la Xunta no le salen los cálculos que hace años esgrimió Audasa para negociar cómo se la compensaría por el dinero que destinó a la ampliación de Rande y el acceso de Santiago. Tras examinar la propuesta planteada por la gestora de la AP-9 a Fomento -la misma que, según el Gobierno gallego, habría servido de base al acuerdo alcanzado con el ministerio-, los técnicos de San Caetano han formulado algunas "observaciones" críticas. Aunque sus notas se centran en varios puntos del acuerdo de 2011 todas parten de un mismo planteamiento: los cálculos realizados por Audasa la favorecieron de forma clara, dándole pie además a una subida extraordinaria de peajes que explica, en parte, que en 2020 las tasas de la AP-9 se encarezcan probablemente un 2,64%, bastante por encima de la media estatal.
El estudio elaborado por la Consellería de Infraestruturas acompaña a la carta que el miércoles envió la Xunta a Fomento para plantearle medidas que frenen el encarecimiento de los peajes de la AP-9. El objetivo, como reconocen desde el propio Ejecutivo autonómico, es, literalmente, "revisar el acuerdo cerrado en 2011 con la concesionaria, eliminando los pagos injustificados". "De cumplirse en sus términos" -prosigue el departamento de Ethel Vázquez- "supondría que los gallegos paguen a Audasa mediante peajes un total de 1.400 millones de euros por unas obras que costaron unos 230 millones".
La primera observación de los expertos de la Xunta se centra en los costes de mantenimiento. Audasa sostiene que la ampliación de la autopista le obliga a incrementar automáticamente esa partida. En concreto, y siempre según los datos que aporta San Caetano, el gasto se engrosaría en 140,93 millones entre 2018 y 2048. Solo en 2018, primer año en el que funcionaron los nuevos carriles de Rande, se estima el aumento de la factura de conservación en 3,13 millones. Desde la consellería sin embargo ven ese valor "excesivamente elevado", por lo que concluyen que "no debería tenerse en cuenta". "La obra nueva ejecutada no necesitará actuaciones de conservación a corto plazo, precisamente por estar recientemente construida, ni grandes inversiones en el plazo de la concesión, ya que su vida útil supera en mucho el mismo", razonan.
Los expertos van más allá y recuerdan que durante las obras de ampliación, que en el caso de Rande arrancaron en febrero de 2015 y finalizaron ya entrado 2018, Audasa aprovechó ya para acometer labores de rehabilitación que, "en condiciones normales", habría costeado la concesionaria de su propio bolsillo. A modo de ejemplo citan la estructura metálica y cableado del puente o las señales y el firme de parte de la autopista.
Otra de las observaciones críticas de San Caetano se centra en la tasa de capitalización. "La cuantía en sí es excesiva", concluyen los técnicos autonómicos, que incluso llegan a recalcar que el cálculo realizado por Audasa para "un negocio regulado y concesional" -como lo es la gestión de la AP-9- "es a todas luces excesivo". También centran su atención en la estimación que se hace del impuesto de sociedades: "No se ha incluido en el cálculo del impuesto la disminución de ingresos derivada de las bonificaciones a los usuarios, por lo que en los cálculos se está sobrevalorando el efecto real fiscal que la variación del contrato tendría sobre la economía de la concesión".
Para "eliminar pagos injustificados", la Xunta plantea revisar "el acuerdo cerrado en 2011", con José Blanco al frente de Fomento. Su propuesta consiste en cambiar el sistema con el que se compensa a Audasa por las obras: en vez de subir los peajes un 1% anual durante 20 años propone que el Estado le abone 53,19 millones en cinco.
