En una condena, el trabajo no finaliza con la sentencia que dicta el juez. Porque cuando esa resolución es firme arranca otra de las fases vitales del recorrido de cualquier procedimiento judicial: la ejecución de las penas. O lo que es lo mismo, la activación de los mecanismos para garantizar el cumplimiento de lo que el magistrado plasma sobre el papel. Una ardua labor que se complica si en un caso hay muchos condenados y/o perjudicados. Es lo que ocurre en la megacausa por la venta de ropa, calzado y otros artículos falsificados en el mercado de A Pedra. El asunto llegó esta semana a juicio y, a la espera de lo que ocurra con nueve acusados que en la primera sesión no llegaron a conformidad, por el momento ya hay otros 24 comerciantes que asumieron su culpa y aceptaron condenas. Unas penas que ahora hay que ejecutar, por lo que, dadas las dimensiones del caso, el Juzgado Penal 1 de Vigo ha dirigido un escrito a la Xunta solicitando medidas de refuerzo para los funcionarios, en los que recae este trabajo. Inicialmente se solicitó un trabajador más de apoyo, pero, al no recibir respuesta a esta propuesta, acaban de formular otra solicitud consistente en tres prolongaciones de jornada para el personal existente.
Tres vendedoras fueron condenadas a penas mínimas de prisión -de seis y siete meses- y todos los sentenciados hasta ahora por delitos contra la propiedad industrial aceptaron el miércoles pagar multas que oscilan entre los 120 y los 1.440 euros -aunque para la mayoría quedó en 480-. Y todos ellos también, y esta es la labor más dificultosa de la ejecución, abonarán indemnizaciones a las marcas perjudicadas. Las cuantías, que van desde los 249 hasta los más de 8.000 euros en función de las prendas incautadas a cada encausado, ya superan los 75.000 euros. Pero la cifra será mayor, ya que precisamente entre los acusados que han vuelto a ser citados para ver si conforman o van a juicio están los comerciantes a los que se aprehendió más material.
Cuantías
Los acuerdos de conformidad ya alcanzados simplifican la fase de juicio. "Pero ahora empieza la ejecución, que en este caso es compleja; son muchos condenados a los que hay que requerir uno a uno para que abonen las cuantías y en este procedimiento se une el hecho de que existen multitud de perjudicados", afirma Juan José Yáñez, letrado de la Administración de Justicia (secretario judicial) de este juzgado, que firma, junto a la magistrada titular, el escrito solicitando las medidas de refuerzo para los funcionarios.
Los perjudicados a los que se refiere son las marcas. Aunque finalmente solo 17 decidieron ejercer la acusación particular -como La Martina, Loewe, Chanel, Fred Perry, Hugo Boss, Louis Vuitton o Carolina Herrera-, en total hay más de 40 a las que hay que indemnizar por las prendas y otros efectos aprehendidos. "El trabajo es gigantesco porque se da la circunstancia de que cada condenado tiene que abonar diferentes cuantías a distintas marcas; todo lo que se va abonando va a una cuenta común y hay que ir revisando esos ingresos, quién los efectuó e ir derivando lo que corresponde a cada empresa perjudicada", resume el letrado judicial.
Junto a los condenados, algunos de los 14 absueltos el miércoles, pese a su exculpación penal, sí fueron sentenciados como partícipes a título lucrativo por beneficiarse económicamente de la comisión del delito, por lo que también deben hacer frente a indemnizaciones. Y eso significa más trabajo para la oficina judicial porque son más penas a ejecutar.
Y junto al trabajo de la causa de A Pedra, el tribunal debe seguir tramitando sus demás casos y ejecutorias. "En un juzgado Penal todo es urgente, en cualquier momento puede aparecer un requisitoriado. Y hay que ejecutar penas sensibles, como de prisión o alejamiento. Eso supone un desgaste para los funcionarios y es una labor que no se refleja en las estadísticas", concluye.
