"Todas las actuaciones relativas a la constitución del Área Metropolitana de Vigo están viciadas de nulidad radical" y "no son conformes a Derecho": No está justificada la "urgencia", "no se cumple el requisito previo que marca la Ley" (integración de Vigo en el Plan de transporte metropolitano de Galicia), "se incumplieron normas de composición", "vulnera el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos" y se le otorgó a la Asamblea "una interpretación extensiva de sus atribuciones". Este fragmento resume en buena parte las conclusiones que la representación legal de la Xunta de Galicia entregó esta misma semana al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Vigo en el marco del recurso presentado por el propio ente autonómico sobre la legalidad del órgano supramunicipal.
Con este informe de 17 páginas ya en manos del magistrado titular, los concellos demandados y codemandados -Vigo, Porriño, Moaña, Nigrán, Salceda, Cangas, Gondomar y Fornelos de Montes- disponen ahora de 11 días ordinarios para formular sus conclusiones previo pronunciamiento de la sentencia que decidirá el futuro del Área Metropolitana. Este organismo lleva desde abril de 2017 suspendido de forma cautelar, primero por esta sala contenciosa y después por el TSXG, tras detectar "irregularidades" en su composición, concretamente en la elección de dos ediles de Gondomar y Moaña.
Anomalías aprecia también la Xunta y así las recoge en su escrito. Concretamente, el gobierno gallego señala que la constitución del ente incurre en cuatro infracciones jurídicas. En primer lugar, ratifica que el Parlamento de Galicia introdujo una condición previa en la Ley 4/12, del 12 de abril del Área Metropolitana de Vigo (LAMV) para su puesta en funcionamiento: la Disposición Adicional 11, que requiere la "integración efectiva del transporte urbano de Vigo en el Plan de transporte metropolitano de Galicia, tras formalización de un convenio de adhesión entre la Xunta y el Concello vigués".
En atención a esto, el alcalde de Vigo "solo podría haber convocado la Asamblea constitutiva cuando estuviese integrado en este plan; y en la demanda ya se acreditó que esto no era así", concreta la Xunta, quien amplía: "Mientras al Concello de Vigo no le interese integrar su transporte o no le interesen los términos que le propone la Xunta, nada obliga a continuar con la constitución del Área. No se está colocando al Concello en una situación de indefensión, pero tampoco se puede tenerlo todo", sentencia el letrado, quien reprocha al gobierno local que no acepte las mismas condiciones de pago en las bonificaciones que el resto de municipios.
Para entender las siguientes infracciones conviene echar la vista casi tres años atrás, al 1 de diciembre de 2016, fecha de la constitución de la asamblea. El presidente de la Mesa de Edad (Arturo Grandal) declaró suspender la sesión al apreciar que ni había integración en el transporte ni concurría el número concreto de 53 concejales que debían componer dicha Área, mientras que el secretario de la Mesa sí aprueba continuar solo con 51 ediles y proceder al nombramiento del alcalde Abel Caballero como presidente del organismo. En sus conclusiones, la Xunta reprueba que, a sabiendas de que no se estaba cumpliendo la legalidad, se continuase con la sesión. "Ningún argumento puede justificar que una vez detectada la indebida designación de algún edil metropolitano se decidiese constituir ,[...] viciando de nulidad todos los acuerdos de la autoproclamada Asamblea".
Recoge también que el secretario no podía haber asumido el papel de presidente de Mesa en una "interpretación extensiva de sus atribuciones" que "repugna a cualquier lógica jurídica". "Si el presidente de la Mesa abandona, la sesión tiene que terminar sí o sí", reitera el abogado que califica esta postura de "golpe de Estado".
