A finales de 2017 Vigo encaró una situación tan compleja como infrecuente: a pesar de estar en pleno otoño, casi en diciembre, las presas de Eiras y Zamáns permanecían, respectivamente, al 39 y 37% de su capacidad. Un verano inusitadamente seco seguido de un arranque de otoño igual de parco en lluvias hizo saltar todas las alertas por el riesgo de desabastecimiento de agua. Para evitar que la comarca viguesa -un área en el que habitan cerca de 500.000 personas- vuelva a afrontar una situación similar, Concello, Xunta y Gobierno central acordaron unir fuerzas y buscar soluciones. En octubre las tres administraciones acordaron cofinanciar un estudio que debe aclarar cuál es la mejor opción para reforzar el suministro de agua a la comarca en caso de que se vuelva a padecer una situación de emergencia como la de hace dos años. Aunque las tres partes acordaron que el estudio partiese de cero, sobre la mesa había ya varias alternativas que se habían ido desgranando: la edificación de una nueva presa en Eiras, el recrecido de la actual o un trasvase del Miño. Ahora el Ministerio de Transición Ecológica suma una a mayores: la construcción de una planta desalinizadora.
El departamento que dirige Teresa Ribera acaba de plantear al Concello que una de las opciones que se valoren en el estudio sea levantar una estación para el tratamiento de agua salada, una infraestructura similar a la que ya opera en otros puntos de España, como Valencia, Cataluña o Andalucía. El planteamiento del Ejecutivo central es que la nueva dotación -si finalmente los técnicos y las administraciones implicadas concluyen que es la mejor alternativa- refuerce el suministro de la comarca en situaciones de emergencia como la que encaró Vigo en 2017.
Las plantas desaladoras tratan el agua de mar con el fin de que sea apta para el consumo humano. La primera se construyó en Lanzarote, a mediados de la década de 1960, y en la actualidad el Canal Gestión Lanzarote dispone de cuatro plantas de ósmosis inversa que reciben el agua captada en pozos costeros distribuidos por el litoral. El líquido se transporta por bombas de impulsión y antes de su tratamiento se eliminan los sólidos en suspensión de mayor tamaño. Una vez desalada, el agua se desvía hacia un sistema de remineralización en el que se le incorporan cal y dióxido de carbono. La cloración forma parte del tratamiento.
A lo largo de las últimas décadas se han ido abriendo plantas desaladoras en diferentes puntos de la geografía española, como Alicante, Ceuta, Melilla, Castellón, Murcia, Valencia, Málaga o Almería. En esta última provincia se sitúa desde 2014 la instalación de Campo Dalías, una de las más grandes de España y que abastece a 300.000 habitantes y 8.000 hectáreas de regadío. Su puesta en marcha requirió una inversión de 130 millones de euros. También en tierras almerienses, en Carboneras, se alza otra planta de la que se benefician 200.000 personas que viven en una de las regiones más secas de España y 7.000 hectáreas de regadío.
Cuatro alternativas
La construcción de una planta desaladora es la cuarta opción que se pone sobre la mesa para garantizar el suministro de la comarca. Antes de que las tres administraciones acordasen impulsar un estudio, Xunta y Concello llegaron de hecho a posicionarse de forma clara a favor de diferentes alternativas. San Caetano abogaba por el trasvase de agua del Miño. Praza do Rei, por levantar una nueva presa en Eiras. A finales de verano de 2018 el Ejecutivo autonómico enarbolaba informes de Augas de Galicia para demostrar que el trasvase, junto con la ampliación de la ETAP de O Casal, sería "la medida más adecuada". Su presupuesto -38,5 millones- también sería el más ajustado, si bien el coste de mantenimiento anual resultaría más caro al exigir un sistema de bombeo. En noviembre, Feijóo apostaba aún de forma pública por esa vía.
El Concello se decanta sin embargo por levantar un segundo embalse con capacidad para 17 hectómetros, lo que prácticamente doblaría la actual, de 21. Según un estudio realizado por Aqualia hace una década, la actuación exigiría un desembolso que ronda los 54 millones. Su coste superará así de forma considerable el del trasvase que defendía la Xunta. La principal ventaja es que el agua llegaría hasta la potabilizadora a través de un sistema de gravedad. Al no requerir bombeo, su coste energético sería mínimo. El inconveniente, además de su coste, es que la administración tendría que expropiar.
Otra alternativa que se puso sobre la mesa es el recrecido de Eiras, una obra que permitiría ampliar la capacidad de la presa. Su presupuesto sería similar al de la construcción de un nuevo embalse, pero solo permitiría ganar un 10% de capacidad. Durante la alerta por sequía de hace dos años, Xunta y Concello pactaron también un trasvase de emergencia desde el río Verdugo al Oitavén, actuación que exigiría abonar entre 5 y 6 millones. Los técnicos llegaron a apuntar otras vías, como que Porriño se abastezca del Miño, no de Eiras.
