La semana de margen concedida por los empresarios que alzaron la voz contra las nuevas trabas impuestas por Madrid a las importaciones de pesca congelada procedente de terceros países confiando en una rectificación solo ha servido para que Vigo perdiese otra veintena de contenedores que llegaron aquí a través de Leixões. Con este ya van dos los cargamentos desviados a Portugal desde que el 3 de abril entrase en vigor la polémica directriz de la Subdirección General de Sanidad Exterior que afecta especialmente a las partidas de China, de donde procedía la pota congelada con destino a la industria conservera gallega que viajaba en los últimos depósitos descargados en el puerto de Oporto. La Asociación Gallega de Transitarios (Ateia-Oltra) y el Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Vigo no necesitan más pruebas de la desconfianza que ha desatado entre los operadores la instrucción "IM/2/2019" y ante el temor a que se instaure la fuga de mercancías y de otras orígenes han enviado una encendida carta a la ministra de Sanidad exigiéndole el "cese inmediato" de altos cargos de Sanidad Exterior "ante los perjuicios económicos y comerciales que se están generando".
La instrucción que ha desatado la alarma e indignación entre los agentes les exige la entrega en el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) de certificados que avalen que las capturas fueron congeladas, procesadas y transportadas en buques autorizados por la Unión Europea. En la práctica esta regulación -que anula a la del 20 de marzo de 2018- refuerza el proceso de verificación de trazabilidad de la carga por parte de los inspectores sanitarios hasta el extremo, tanto que acaba cuestionando la validez de los documentos oficiales expedidos por las autoridades de los países de origen.
Una nueva vuelta de tuerca burocrática que aparte de sembrar infundadas sospechas sobre las condiciones sanitarias del producto ralentiza su despacho en el PIF de Guixar o incluso su retención a la espera de que nuevos documentos que obtengan el plácet de los funcionarios. La instrucción se aplica al 100% de la carga llegada de China y sobre un 20% de otros terceros países. En Vigo ya alertan por lo que pueda pasar con los contenedores de Ecuador.
Con estas cortapisas se entiende que hayan importadores que prefieran no arriesgarse. Como los que ordenaron al buque de Maersk que zarpó de Algeciras esta semana que dejase en Leixões los veinte contenedores de pota china que navegaban rumbo Vigo. Que opten por Portugal es lo insólito de esta situación, pero en esta ocasión nada tiene que ver aquella supuesta actitud laxa de los inspectores lusos que hace poco más de un año convertía su terminal en la entrada de todo lo que rechazaba el PIF de Vigo. "Ningún estado miembro de la Unión Europea reclama esta documentación adicional que cocinó ahora Sanidad Exterior", critican los afectados, que cifran la fuga a Leixões en 16.000 toneladas al año.
Tansitarios y aduaneros dejan muy claro en su carta a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, los efectos de la nueva instrucción hasta la fecha: "Lo único que está claro y que es evidente es que hay mercancías desviadas a otros puertos de la UE donde esta instrucción no se aplica; hay mercancías retenidas en puerto por parte de la inspección a la espera de aclaraciones o modificaciones de la salida i.28 cuando ya la IM/2/2018 no lo exige, sin embargo, están inmovilizadas por requerir Certificados de Capturas y/o aclaraciones del alcance de las actividades de los pesqueros y buques de transporte; los operadores no se atreven a introducir mercancías por España debido a la inseguridad existente; y los proveedores se niegan a cargar sus mercancías con destino a España aceptando solamente pedidos para otros puertos europeos".
Ante este escenario tanto preocupante, ambas organizaciones acaban la misiva a Carcedo solicitando responsabilidades que apuntan a lo más alto de la Subdirección General de Sanidad Exterior. Exigen el "cese inmediato del responsable o responsables" de la instrucción "al quedar acreditada su limitación para gestionar el asunto expuesto, dando lugar a las importantes pérdidas económicas generadas, la alarma empresarial entre los distintos operadores y la desconfianza en las administraciones".
