Punto muerto en el futuro del sector de la estiba. El texto del reglamento que deberá concretar cómo se lleva a la práctica el decreto de liberalización aprobado hace casi dos años por el Congreso -con cuestiones tan trascendentales como las prejubilaciones y la formación necesaria para acceder a la profesión- está siendo analizado por la Comisión de Transportes de la Unión Europea. El Gobierno esperará al dictamen de este departamento comunitario para decidir si lleva o no a la Cámara Baja el texto negociado en los últimos meses por la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras (Anesco) y los sindicatos.

Hasta entonces la situación en los muelles de titularidad estatal, como los de Vigo, seguirá como hasta ahora y por mucho más tiempo. En virtud del periodo de transición de tres años marcado por el decreto liberalizador, a partir de mayo las empresas ya solo tendrían la obligación de realizar el 25% de la carga de trabajo con el pool de operarios de la sociedad de estiba (Sagep) contratando el 75% restante a plantillas de externas, con el consiguiente ahorro que esto supondría. Sin embargo, fuentes cercanas a la Sagep viguesa aseguraron a este periódico que cualquier cambio en el funcionamiento actual dirigido hacia posibles mejoras en cuanto a operatividad y costes "vendrá de la negociación local". "La negociación nacional nos influye pero no tanto ni estamos tan pendientes de ella como otros puertos grandes", razonan.

Sin embargo, para Anesco y el sindicato mayoritario en el sector, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, el futuro del sector se encuentra en estos momentos en manos de la Comisión de Transportes de la UE. Desde la semana pasada, cuando supieron por boca de representantes del grupo socialista en el Congreso que el texto de su propuesta estaba en manos las entidades comunitarias, apenas se han pronunciado a este respecto aunque en principio no temen un dictamen en contra. De resultar favorable, el Gobierno se propone llevar pronto al Congreso el necesario reglamento.