Vanesa F., la cuñada de la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, Carmela Silva, y principal testigo en la causa que dirime su presunto 'enchufe' laboral, aseguraba en un primer moment que no recordaba cómo consiguió su trabajo. "No me acuerdo" o "Ni idea" están siendo las principales respuestas de Vanesa que, finalmente, se encuentra ante el juez. Ante esta actitud, el magistrado la ha advertido de que puede incurrir en delito obstrucción a la Justicia si sigue así.
Tras muchas preguntas, en algún caso Vanesa ha recordado, por ejemplo, que trabajó en centros cívicos, en algún servicio Concello o que hizo encuestas. Sobre esto último, afirma que realizó las llamadas, pero que no elaboraba las preguntas ni volcaba los datos en el informe final. Añade que, pese al escaso tiempo para hacer las llamadas, nunca tuvo sensación de agobio o de que la apremiasen. Apunta que la contrató Imesapi, ya que entregó un currículum allí.
Y esta declaración llega después de que el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo ordenase esta mañana que fuese conducida al juicio por su supuesto enchufe. La medida se adoptó a raíz de su incomparecencia ayer y hoy a la vista oral, pese a ser citada inicialmente.
La sala intentó localizarla telefónicamente sin éxito y la Policía tampoco la encontró en su domicilio para entregarle de nuevo la citación. Vanesa debe declarar en el juicio en calidad de testigo.
Así las cosas, Vanesa llegó finalmente a los juzgados por la puerta trasera y entró en la sala acompañada de dos agentes de Policía.
El juicio por el presunto enchufe de Vanesa prosiguía desde las 10:00h de la mañana con la declaración de más testigos. Un alto funcionario del Concello de Vigo y un exjefe de una concesionaria del Ayuntamiento afrontan cárcel e indemnización.
"Las encuestas carecían de rigor metodológico y estaban por encima de los precios de mercado"
Uno de los testimonios de esta mañana en el juicio fue el de la perito que analizó las encuestas que fueron supuestamente encomendadas a Vanesa pero que, según la Fiscalía, no fueron realizadas por ella y que en realidad habrían sido contratos fraudulentos para pagar las nóminas a la mujer: "Las encuestas carecían de rigor metodológico y estaban por encima de los precios de mercado".
La experta, licenciada en Sociología, señaló que los trabajos carecían de rigor metodológico al carecer muchos de ellos de los elementos de los que deben contar, como el tamaño muestral o la población objeto de estos estudios.
También calificó de "complicado" que ese tipo de informes, algunos que contemplaban 1.000 llamadas, se pudiesen completar en menos de una semana, que es el plazo que constaba desde la petición de la encuesta hasta su facturación. Otra cuestión en la que incidió es que el precio contemplado por encuesta era "superior" al del mercado.
Por su parte, los dos interventores municipales que examinaron las facturas de los contratos menores para las encuestas declararon que no vieron "nada irregular".
Prisión e inhabilitación
En el trámite de conclusiones definitivas, la Fiscalía mantiene la petición de prisión e inhabilitación que ya pedía en su escrito provisional de calificación. Esto significa, 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público para Francisco Javier Gutiérrez Orúe, quien fue jefe de servicio de Participación y Atención Ciudadana del Concello de Vigo, y 7 años de prisión y 20 de inhabilitación para Ramón C.A., exadministrador de Imesapi.
Las defensas piden la libre absolución y solo de forma "absolutamente " subsidiaria los hechos serían un delito de tráfico de influencias, que estaría prescrito.
