Una "sugerencia" pero no una obligación. Así interpretó el presidente de la Autoridad Portuaria el último auto que emitió la jueza que investiga la causa por el derrumbe de parte del paseo de As Avenidas y que se sigue por un delito de lesiones por imprudencia tras causar más de 400 heridos. En el escrito, avanzado ayer por FARO, la titular de la sala de Instrucción 3 de Vigo ordena levantar la tutela judicial que pesaba sobre el muelle y determina que sea el Puerto quien garantice ahora la seguridad en la zona, a la vez que le plantea su derribo o reconstrucción debido a su mal estado. Enrique López Veiga confirmó que reforzarán las vallas que protegen la estructura afectada, llegando a instalar cámaras de videovigilancia, pero aparcó el arreglo de la misma hasta que el juzgado determine de quién es la responsabilidad del suceso. "Quien cometió el daño tiene que hacerse cargo de él", sentenció Veiga.
El presidente portuario aboga por dejar "trabajar" al juzgado y que sea éste quien determine las responsabilidades una vez concluya su investigación. Veiga rechazó entrar a valorar la competencia sobre los arreglos, que vuelve a dejar en manos de la sala. "Es el sitio adecuado para hacerlo; yo mantengo que el Puerto ha dado a esto riesgo y ventura y punto", aseveró, en clara referencia al convenio "Abrir Vigo al Mar", y por el que Concello, Autoridad Portuaria y Zona Franca colaboraban en la explotación y reforma de esta zona litoral.
Independientemente de esta determinación, López Veiga sí mostró su voluntad de realizar "consultas" para ver si se pueden "adoptar algún tipo de medidas provisionales siempre y cuando quede a resguardo la responsabilidad de cada uno". "Yo tengo mi punto de vista sobre quién es responsable y quién no. Dicho esto, yo no me opongo a ninguna acción, acción que salvando las posturas jurídicas puedan llegar a algún tipo de arreglo", zanjó.
Alteración del precinto
A lo que sí mostró su total conformidad fue a proteger la zona de actos vandálicos para los que tomó una serie de medidas de forma inmediata. Operarios portuarios se personaron a primera hora de la mañana, cuando todavía se mantenían las cintas del precinto judicial, para reforzar las vallas y anclar los bloques de hormigón al suelo ya que el viento lo movía de forma constante. Otra de las disposiciones que pondrá en marcha para evitar el vandalismo incluirá la instalación de cámaras de videovigilancia, ya que el propio Veiga reconoció que el "corte de las bridas" que unían las vallas se realizan de forma habitual.
También puso su total voluntad a participar de la comisión de investigación del Parlamento que dirime las responsabilidades políticas del derrumbe y al que fue citado como compareciente junto a otros políticos como el alcalde vigués Abel Caballero o el vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda, entre otros. "Ahí podré dar una explicación más detallada sobre la situación, pero que quede claro que de momento no se nos dice -en el auto de la jueza- que tengamos que hacer nada", ratificó Veiga tras la celebración ayer del Consejo del Puerto.
Propiedad estatal
Quien también entró a valorar el auto de la magistrada instructora fue el regidor olívico. Caballero aplaudió su "decisión" de que sea el Puerto el que actúe en la zona al ser "dominio público y de propiedad estatal". "Todos mis respetos a su decisión; la jueza dice lo que yo dije desde el día siguiente al accidente, que es un espacio público portuario", sostuvo.
Caballero hizo referencia también a las declaraciones de la organización del festival tras dar a conocer que la Xunta no participará del mismo tras romper las negociaciones relativas a la aportación económica. El regidor "entiende" el enfado de los organizadores del evento y defiende que el Gobierno gallego "no lo atiende como debería". "Cuando veo el apoyo que le da a festivales en A Coruña o Santiago y lo que hace en Vigo... la Xunta no apoya nada a esta ciudad", apunta Caballero, quien ahondó en que este verano hubo "por encima de diez conciertos en Santiago pagados por la Xunta, millones de euros. En Vigo, nada".
El alcalde destacó que O Marisquiño es un certamen internacional, que "acapara la atención europea" de los aficionados de los deportes urbanos y censuró que "la Xunta quiere estar sin aportar prácticamente nada". Caballero insiste en plantearle a la Xunta que financie el festival a partes iguales con el Concello y la Diputación de Pontevedra, no que "pague todo como hace en Santiago" pero relaciona esta negativa de aumentar su presupuesto a decisiones estrictamente políticas. "Que la Xunta castiga a Vigo y la quiere seguir castigando es una obviedad", concluyó.
