Ni una vía de financiación alternativa ni la procura de una negociación. La Xunta ha llegado a la conclusión ahora de que la única forma para que el campus FP sea una realidad en Vigo es que tenga el respaldo de la Zona Franca, tal y como se comprometió durante la presentación del proyecto el pasado mes de abril. Su aportación no era simbólica, sino que representaba un 40% de la inversión total, estimada en 12 millones de euros para erigir el que sería la primera gran área educativa, industrial y empresarial para la Formación Profesional en Galicia y España.
La Consellería de Educación confirmó ayer que si el Consorcio "no cumple con su parte" de aportar los 5,5 millones acordados, la Xunta "no podrá acometer el proyecto". "No habrá otra alternativa si no es con Zona Franca ahora mismo; el proyecto no saldrá adelante sin ellos", apuntó.
Esta situación pone en serio riesgo al que se preveía uno de los motores para impulsar la FP en un área tan industrial como Vigo y más cuando se trata de una demanda que parte tanto de los empresarios -que necesitan personal más cualificado- como del propio alumnado y de los centros, que pasarían a contar con un novedoso edificio en el que desarrollar sus patentes, potenciar su I+D+i o incluso dar vida a sus proyectos con un vivero industrial dotado de la maquinaria e infraestructura necesaria para ello.
El delegado territorial de la Xunta, Ignacio López-Chaves, volvió a lamentar ayer la salida inesperada del Consorcio del proyecto, salida que, a su impresión, viene marcada por tintes políticos. "Es una decisión que causa daño a Vigo y es únicamente política, no tomada por los técnicos, que ya habían iniciado el expediente", aseveró López-Chaves.
Y es que a tenor del acta del Comité Ejecutivo del Consorcio Zona Franca del pasado 30 de mayo -tan solo un mes antes de la destitución de Teresa Pedrosa y nombramiento de David Regades como nuevo delegado- se habían iniciado los trámites para dar cuenta al Órgano de Contratación para su aprobación. Cuatro meses después, el organismo estatal decidió desmarcarse del proyecto al alegar que se trata de una iniciativa fundamentalmente educativa y es competencia de la Xunta si bien lo considera como una "excelente" idea.
A este respecto, López-Chaves defendió que el campus FP encaja en la función de dinamización económica y empresarial de Zona Franca, porque "tiene calado económico", permite la formación de profesionales cualificados y la transferencia de ese conocimiento y capacidad al tejido empresarial, máxima que reclaman los empresarios de la comarca.
Los propios centros educativos que iban a formar parte de este red de trabajo también lamentaron que el proyecta corra peligro de no ver la luz y quedar en "saco roto". "Seríamos referentes para cualquier empresa; la Formación Profesional es una apuesta de futuro y más en un área tan industrial como Vigo", alegaban directores de varias de estas instituciones académicas.
