PSA no quiere arriesgarse ni lo más mínimo a que las movilizaciones de los estibadores trastoquen la producción de Balaídos. Así que para esquivar los efectos de los paros anunciados para nueve jornadas a partir del 6 de marzo, la dirección del grupo automovilístico en Vigo maneja como principal opción para garantizarse el suministro de piezas, esencial para la fabricación de sus modelos, el transporte por carretera desde la próxima semana.
De esta manera, todos los semirremolques con el emblema de la firma logística Gefco en los que cada semana viajan hasta 1.000 referencias distintas de piezas con destino a la factoría, en lugar de llegar a Vigo en los buques de la autopista del mar que explota Suardiaz lo harían por carretera. Aunque es todavía "una opción", el mero hecho de que los responsables de la planta de Balaídos le hayan comunicado su planteamiento ha activado las alarmas en la armadora.
Precisamente los semirremolques que cargan las piezas de PSA -tanto las que usa la planta de Balaídos como las que exporta esta a Francia- representan la modalidad de transporte que busca potenciar la autopista del mar entre Vigo y Francia, y también el principal argumento que la armadora esgrimió ante la Comisión Europea para que autorizase las ayudas estatales a la conexión marítima por el alivio que supone la retirada de todo este tráfico pesado de las carreteras comunitarias.
Fuentes portuarias aseguraron a FARO que el temor de Suardiaz "no es a que Gefco use ahora, puntualmente con motivo de la huelga, la alternativa de la carretera, sino a que la mantenga en el tiempo" por el riesgo de que llegue a replantearse sus contratos con la armadora. "Todo puede ocurrir pero es muy precipitado pensar ahora esas consecuencias", añaden las mismas fuentes que por otra parte valoran como "normal" que PSA quiera blindar el funcionamiento de su planta "poniéndose en el peor de los escenarios". En este sentido recuerdan que el director de la factoría viguesa, Fréderic Puech, ya había admitido en días pasados ante los medios de comunicación que contaba "con un plan logístico alternativo para evitar la huelga", lo que encajaría con ese posible uso del transporte por carretera en sustitución del marítimo.
Los paros están convocados por los sindicatos en horas impares desde las 8.00 de los días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 de marzo, pero hoy podría surgir una posibilidad de que se suspendan. Al menos con este propósito acuden hoy a una nueva reunión representantes del colectivo y de la patronal Anesco. Ambas partes retoman la negociación esta tarde después de que el pasado miércoles la patronal pidiese unos días para calcular el número de estibadores que puede subrogar en cada puerto. La garantía del empleo del colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y sus condiciones laborales, mediante la articulación de un registro o de su subrogación, constituye una de las principales reivindicaciones del gremio ante la reforma del sector.
El PSOE avanza su rechazo en el Congreso al decreto de reforma de no aceptar enmiendas
- El Gobierno necesita el plácet del Parlamento para sacar adelante el decreto-ley de reforma de la estiba y el PSOE parece que no se lo pondrá fácil. El portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, adelantó ayer el rechazo de su partido a la convalidación de la modificación legal en los términos en que fue aprobado el pasado viernes por el consejo de ministros.De nada han servido las aclaraciones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, respecto a que cualquier enmienda que se pretenda incluir al decreto no serviría para frenar la sanción a España por incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, origen y principal justificación esgrimida por el Ejecutivo para impulsar la reforma de la estiba. "En estos términos, evidentemente [con el PSOE] no pueden contar", subrayó Mario Jiménez en una entrevista a Radio Nacional de España recogida por Europa Press, en la que también precisó que no se había producido ninguna conversación sobre este asunto entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la gestora socialista, Javier Fernández.Para Jiménez lo "lógico" hubiera sido primero consensuar primero el decreto con los sindicatos y la patronal y no después de aprobarlo el consejo de ministros. Entre otras razones porque dijo que la liberalización del sector "no puede ser a costa de las condiciones laborales de los trabajadores" y que "hay que respetar los derechos adquiridos". A juicio de este dirigente socialista, la directiva europea se refiere a "la entrada y salida de esta actividad", pero que su partido aboga por que se mantengan "las condiciones de los trabajadores que están hoy" y el Gobierno "está despreciando esta cuestión".Europa analiza la nueva leyEn paralelo, la portavoz de Transportes de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, confirmó ayer que el Ejecutivo comunitario ya está estudiando el Real Decreto Ley de la reforma de la estiba portuaria pero que necesita más tiempo para concretar si se adapta a la sentencia del Tribunal de Justicia Europea. "Estamos estudiándola. Nos llevará algún tiempo antes de que podamos hacer un análisis de la propuesta que el Gobierno español ha hecho y entonces podremos tomar una decisión", justificó en rueda de prensa.Un vez aprobado por el consejo de ministros, el Gobierno dispone de un mes para buscar los apoyos de los grupos políticos para que sea validada en el Congreso. Por ese motivo, fuentes comunitarias señalaron ayer que Bruselas dado que se trata de un proceso aún en marcha, no adoptarán una decisión formal hasta que no finalice el proceso parlamentario nacional.
Kaleido, accionista de la Sagep, critica las movilizaciones
- Desde que estalló el conflicto ninguno de los cinco accionistas de la Sagep de Vigo se había pronunciado sobre la reforma de la ley que ya no les obligará a seguir en su capital ni a imponerles la contratación de los 110 estibadores. Pero ayer rompió el silencio el director de Kaleido -propietario de Estibadora Gallega-, Xoán Martínez, para criticar la huelga anunciada. "No es la manera de afrontar un cambio que ya se está demorando mucho", explicó."El cambio es brutal sobre todo para las empresas que exportan e importan, que pasan a solicitar un servicio liberalizado en vez de uno que está encorsetado en la forma de trabajar, que es anacrónica y no tan competitiva", apuntó. Martínez vaticinó que la diferencia para las empresas "será muy grande" tanto en términos tarifarios como de tonelaje" y auguró que Vigo "recuperará muchas toneladas que se marcharon en esta última década".
